Vientos de Cuaresma: a cuarenta días de la asunción de Mauricio Macri

21.01.16

Vientos de Cuaresma: a cuarenta días de la asunción de Mauricio Macri

Santiago Allende y Federico Boido realizan un balance provisorio del gobierno de Cambiemos: devaluación, despidos y decretos. Nuevos marcos políticos y regionales, ¿giro neoconservador en América Latina?Un panorama de los principales lineamientos de la política de la nueva derecha en el poder.   

                La asunción de la presidencia de la Argentina por parte de Mauricio Macri  implicó un reacomodamiento de las fuerzas políticas, sociales y económicas de este país. La exigua diferencia obtenida en el ballotage y el marco de alianzas que lo llevaron a la conducción del poder ejecutivo nacional, condicionaron el necesario proceso de construcción de una legitimidad de gobierno.

            En la conformación del nuevo gabinete, están presentes tanto representantes de empresas del capital concentrado (la denominada CEOcracia) como cuadros provenientes de los partidos políticos tradicionales. Este armado expresa el tejido de Cambiemos como fuerza política: la convocatoria de gerentes bajo una concepción eficientista de la política y la gestión estatal se mezcla con la presencia subordinada de un partido político como la Unión Cívica Radical (UCR), que ha cruzado el centenar de años y que por primera vez en su historia no tiene a ningún dirigente en una fórmula presidencial. En esta extraña alquimia de grandes corporaciones, oenegés, universidades privadas y viejos burócratas reciclados que comandan el ejecutivo, sigue siendo un interrogante la convivencia entre los tiempos y la lógica empresarial con aquella ligada a lo político – estatal.

            Con el fantasma de la Alianza como último recuerdo de un gobierno no peronista, Macri decidió utilizar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) como un recurso en la búsqueda de gobernabilidad. La decisión de no convocar sesiones extraordinarias implicará la parálisis del Congreso hasta el 1° de marzo, fecha en que comenzarán las sesiones ordinarias. Esta medida prioriza al decreto como mecanismo de toma de decisiones y, al mismo tiempo, elude la negociación parlamentaria, con una legislatura sin mayoría oficialista y con el peronismo en estado de deliberación interna.

            Fue a través de este mecanismo que el gobierno pretendió incorporar dos nuevos magistrados a la Corte Suprema, para darle su conformación definitiva y clausurar el conflicto latente entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.  Este instrumento, excepcional, tiene una fecha de vencimiento institucional determinada por el reinicio de las sesiones, pero a su vez política, ya que difícilmente pueda sostenerse un gobierno por decreto. Sin embargo, en este escenario, el gobierno tiene la iniciativa política y está asentando las bases sobre las cuales discutir con las restantes fuerzas.

            En el terreno económico, se ven con mayor claridad los nuevos lineamientos. El combo de devaluación, apertura del denominado cepo cambiario y la quita/baja de retenciones implicó una sustancial transferencia de recursos a los sectores ligados al complejo agroexportador y financiero, al mismo tiempo que sus efectos se expresaron en la suba de precios y el consecuente deterioro del salario real. Estas medidas, con matices, formaban parte de un consenso entre implícito y explícito que atravesó la campaña electoral. El ajuste se construyó como algo inexorable, en todo caso la discusión era sobre la magnitud y los tiempos de su aplicación: shock o gradualismo, era el dilema. Incluso, el fin del cepo cambiario y la baja en las retenciones a la soja y quita en otros cultivos, formaron parte de las promesas electorales de Cambiemos. Sin embargo, a pesar de estas medidas, la  lentitud en la liquidación de la cosecha retenida por los sectores más concentrados del agro desmiente la inexistencia de tensiones con esta fracción del capital.

            Por ahora,  el gobierno no ha tomado medidas disciplinadoras hacia estos sectores. En cambio, sí lo está haciendo con los trabajadores. Los despidos masivos en el estado y en el sector privado, hablan de una estrategia de presión hacia el movimiento obrero como no se veía desde hacía mucho tiempo. En relación al sector estatal, la precarización laboral habilitó la arbitrariedad de los despidos, que ya superan los veinte mil en los tres niveles de la administración pública (nacional, provincial y municipal). En el sector privado, ya se contabilizan más de diez mil despidos en distintas ramas de la producción.

            Una doctrina no escrita del sindicalismo ortodoxo peronista reza que, a la hora de medir fuerzas en la confrontación, hay que golpear primero, para negociar después, y eventualmente volver a golpear, si la coyuntura lo demanda. ¿Puede actualizarse esa doctrina a este gobierno? En un escenario en donde no habrá estadísticas oficiales en el curso del año, las paritarias marcarán el termómetro de la conflictividad. Las palabras del ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, que intiman a los sindicatos a elegir entre un techo en los aumentos salariales o la pérdida del empleo, develan la intencionalidad de reducir los costos de trabajo. La fragmentación del movimiento obrero        organizado en cinco centrales (tres CGT más dos CTA), sumada a un tercio de la mano de obra en condiciones de informalidad y despidos en aumento, plantean un panorama complejo. La paritaria docente, que se desarrollará antes del comienzo de las clases a principios de marzo, puede establecer un punto de partida que dará una referencia a las negociaciones posteriores.

            En cuanto al plano internacional, la gestión macrista apunta a reconstruir los vínculos con los organismos internacionales de crédito y cerrar las negociaciones con los holdouts, con el fin de volver a tomar deuda en el mercado.  La vuelta de Argentina al Foro Económico Mundial de Davos, después 13 años de ausencia, puede inscribirse en esta senda económica. A nivel regional, se busca un nuevo acercamiento con Estados Unidos en detrimento de las alianzas con los gobiernos progresistas. En esta clave puede leerse la intención de aislar políticamente a Venezuela invocando la cláusula democrática del Mercosur, proyecto que rápidamente fue desestimado por la diplomacia de Brasil. El objetivo de la canciller Susana Malcorra de desideologizar las relaciones internacionales, ubicando en primer plano los vínculos comerciales, el acercamiento a la Alianza del Pacífico, la  reactivación de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, incluso un nuevo intento de iniciar el ALCA, pueden ofrecernos algunas claves para observar el giro en la política internacional.      

            La política doméstica también muestra signos de reacomodamiento. El acercamiento al oficialismo de Sergio Massa, líder del Frente Renovador, desprendimiento peronista que obtuvo el tercer puesto en las pasadas elecciones, parece otorgarle mayor gobernabilidad en distritos clave como la provincia de Buenos Aires. Muestra del diálogo fluido con el Frente Renovador, es el reciente DNU que sanciona la emergencia en seguridad y habilita la Ley de Derribo, que entre otras atribuciones otorga un poder discrecional a las Fuerzas Armadas para derribar aviones sospechosos del delito de narcotráfico.

            El gran dilema es el rol que jugará el peronismo en los próximos meses. La política a seguir va a debatirse entre el pragmatismo impulsado por las necesidades de la gestión provincial y municipal y la retórica de la resistencia que atraviesa a las organizaciones sociales y juveniles kirchneristas. ¿Quién liderará al peronismo? ¿Qué política adoptará como fuerza opositora? Las elecciones que se realizarán en abril para elegir las autoridades del Partido Justicialista pueden ofrecernos algunas señales a estos interrogantes.

            Tras doce años de gobiernos kirchneristas, la nueva derecha argentina accedió al Poder Ejecutivo. En estos cuarenta días de gobierno, se vislumbra la política general que piensa llevar adelante, que consiste en una recomposición de las tasas de ganancia de los sectores más concentrados de la economía, la regeneración de un ciclo de endeudamiento y una visión menos agonal de la política. Las respuestas a estas políticas han sido dispersas y desnudan la fragmentación de las organizaciones tanto políticas como sindicales y sociales. El proceso argentino  parece situarse en una doble encrucijada, entre la clausura de la crisis abierta en 2001 y la apertura de una nueva época para la región. Será el antagonismo y la conflictividad social las que determinen no sólo la fisonomía de este nuevo proyecto político, sino la reconfiguración del resto de las fuerzas políticas y sociales del país así como su destino.