Uruguay y un 2017 con muchas noticias que recordar

15.12.17

Uruguay y un 2017 con muchas noticias que recordar

Llega diciembre y con él la oportunidad de hacer un balance sobre todo lo transcurrido durante el año. Aunque el imaginario popular intente mostrar a Uruguay como un país “unplugged” donde pasan pocas cosas, la realidad es bien distinta.

Como primer acontecimiento cabría recordar el decreto firmado en marzo por el Poder Ejecutivo destinado a “dar respuesta rápida a la acción de retirar manifestantes que obstaculicen el pasaje de vehículos y personas”; a partir de brindar a la Policía la facultad de hacerlo con apoyo de unidades del Estado sin tener que pedir habilitación al Poder Ejecutivo en cada caso. La tinta no se había secado cuando el protocolo contra los cortes (piquetes) fue aplicado por primera vez en la ciudad de Colonia, contra un reclamo de trabajadores del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (SUTCRA); los cuales protestaban por la falta de regularización de sus horarios de trabajo.

Esta medida, que claramente se inscribió en un proceso de fortalecimiento y aumento de las potestades de los aparatos de represión, no fue la primera de este tipo. Basta recordar en 2015 cuando, pisoteando el derecho constitucional a la huelga, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a solicitud del Ministerio de Educación y Cultura, declaró la esencialidad de los servicios correspondientes a los centros de educación inicial, primaria, secundaria, educación técnico profesional y centros de formación docente, por un término de treinta días. De igual sintonía fue el decreto 354/010 establecido bajo la presidencia de José “Pepe” Mujica y referido al desalojo de dependencias públicas. 

Otro de los títulos con que los periódicos colmaron sus portadas a lo largo del año fue el desarrollo económico que vive el país. En agosto, para la página oficial de la presidencia (https://www.presidencia.gub.uy), el ministro de economía y finanzas, Danilo Astori sentenció: “Se debe hacer un gran trabajo de diferenciación para que Uruguay no se vea sumido en la situación general del vecindario y para evitar consecuencias negativas”, a la vez que comparó la expansión acumulada de 16 % del producto interno bruto (PIB) del país de 2011 a 2017 con la retracción en torno a 2 % de Argentina y Brasil. 

En un país que no cuenta con una industria nacional fuerte, ni con cobre o petróleo (aunque recientemente algo se encontró en Paysandú), una de las grandes hacedoras de modelo fue la soja. Según cifras brindadas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Uruguay pasó de producir 843.000 toneladas en 2007 a 3,3 en 2017; lo que representa más de 1,2 millones de hectáreas destinadas al monocultivo. En paralelo a este proceso de expansión de la superficie dedicada a la misma, se suscitó un aumento proporcional en la utilización de semillas transgénicas y en el uso indiscriminado de pesticidas y plaguicidas (glifosato), con sus indefectibles consecuencias socioambientales.

Pero si bien la leguminosa con su cosecha record fue la reina de la temporada, tuvo otros importantes colaboradores en el desarrollo económico del país. El avance de empresas chinas, con proyectos pesqueros en Rocha y Montevideo, también dio que hablar. 

En cuanto a la situación de Rocha, el grupo pesquero chino Helishen y la empresa uruguaya Goldenstar (cuyos capitales y directivos son también de ese país asiático) ya visitaron cinco veces el departamento, se reunieron con el intendente Aníbal Pereyra, y la última vez hasta trajeron al alcalde de la provincia de Zhoushan, con quien su par firmó un acuerdo de hermanamiento que incluye, además de la pesca, al turismo y el deporte. Desde la prensa local (El País del 4/6/17), el intendente sostuvo que sólo hay conversaciones generales pero nada formal, señalando que los chinos invertirían cincuenta millones de dólares en un proyecto que buscará producir harina de pescado, brindar servicios portuarios y logísticos, y capturar anchoa y merluza negra. Frente a este escenario vecinos y expertos temen por los daños en el ecosistema, la situación de indefensión de la precaria pesca familiar local, y que el proyecto en general sea una fachada para la pesca ilegal. Según el biólogo marino rochense Rodrigo García, uno de los portavoces locales, dada la baja rentabilidad de pescar merluza negra, el tamaño de las embarcaciones que se están proyectando construir, lo poco transparente de las negociaciones y el prontuario en cuanto a pesca ilegal con el que cuenta China, todo conduce a tener justificadas sospechas sobre lo que hay de fondo.

Por otra parte, otros grupos económicos también de origen chino están aspirando llevar a cabo dos grandes inversiones en el mediano plazo. Tras la gira del presidente Tabaré Vázquez por China en octubre de 2016, la Shandong Baoma Fishery anunció que pretendía construir una megabase en Puntas de Sayago para todos los pesqueros chinos que operasen en el sur del océano Atlántico. A su vez, un grupo de empresas provenientes de la ciudad de Qingdao, buscaría ganar la licitación para trasladar toda la actividad pesquera del saturado puerto de la capital a una nueva terminal en Capurro.  

Siguiendo con las inversiones extranjeras, un párrafo aparte merece el contrato firmado en noviembre entre la empresa finlandesa UPM (United Paper Mills) y el Estado para instalar una planta de celulosa, la segunda de la firma en el país. Mediante el mismo, previo a la inversión estimada de 5.000 millones de dólares por parte de los finlandeses, el gobierno uruguayo se comprometió a destinar fondos para vías y ferrocarriles de carga entre Montevideo y Paso de los Toros, un nuevo puerto destinado exclusivamente a la celulosa en la zona del Puerto de Montevideo y la reconstrucción de las carreteras en las áreas de tránsito de la empresa, entre otros obras de infraestructura. Por otra parte, para “estimular” aún más a los nórdicos a dar el sí, el dueño de casa cedió en impuestos y aceptó que en caso de futuros litigios los mismos se resolviesen en tribunales internacionales con sede en Washington. Por si esto fuese poco, la cláusula 4.3 del acuerdo estableció que: "Las partes reconocen y acuerdan que la decisión final de inversión de UPM sobre si procede o no con el Proyecto de Planta de Celulosa quedará sujeta a la sola discreción de UPM, aun cuando cada una de las condiciones necesarias hayan sido satisfechas y el contrato complementario sido suscrito".

Si bien para algunos optimistas el 2017 debería ser recordado como el año en que llegaron los capitales foráneos para “estimular el despegue económico del país”, también fue el de la implementación del ajuste fiscal y la suba de tarifas públicas. Los cambios tributarios que formaron parte del reordenamiento impositivo incluyeron una suba del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cambios en el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), un alza del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), y la baja del IVA (en marzo de 2015, se ubicaba en un 22%, luego se redujo a 20% y este año llegó al 18%). Por otra parte, en cuanto a la subas de tarifas públicas, los combustibles tuvieron un aumento de 8%, la electricidad un 7,5% (salvo para la denominada tarifa social), la telefonía 8% y el agua 8,2% (además de un incremento de 7,3% sobre el cargo fijo de acuerdo con la capacidad de consumo de cada cliente). A su vez, para el año venidero el gobierno ya anunció nuevas subas que regirán desde enero: el agua y el teléfono aumentarán 6,5%; la luz 3,2%; el gasoil un 4,8% y la nafta un 9,8%.

Más allá de la indiscutible trascendencia de los temas planteados, la renuncia del vicepresidente Raúl Fernando Sendic Rodríguez en septiembre, por la supuesta malversación de fondos públicos –según trascendidos una cifra cercana a los doscientos dólares-; mediante la utilización de una tarjeta corporativa de Directorio de ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland) mientras ocupó cargos en esa institución entre los años 2005 y 2013, fue un hecho que mantuvo en vilo al país. A partir de la investigación realizada por el semanario Búsqueda y el programa radial Así nos va, los detractores plantearon que fue el final previsible de una carrera política meteórica sólo atribuible a ser el hijo del “Bebe” –apodo de Raúl Sendic Antonaccio, uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, en la década del sesenta-. 

En cuanto al Frente Amplio, su propio partido, el informe del Tribunal de Conducta Política sostuvo que efectivamente Sendic no rindió cuentas ni entregó comprobantes de los gastos realizados con la tarjeta durante su permanencia como directivo en la institución, y que “desde el punto de vista ético la cuantía de una malversación y el grado de enriquecimiento tienen importancia sólo relativa. Un enriquecimiento indebido de monto poco importante es también una violación de principios que deben considerarse fundamentales”. (Apartado E)Por último, tanto Sendic como su bloque 711 plantearon lo disparatado del asunto argumentando que fue el propio acusado el que en 2011, mientras era presidente de ANCAP, reglamentó por medio de la resolución 322/3 “el procedimiento para el uso y administración de las tarjetas corporativas de Directorio”; a su vez, en su defensa sostuvieron que el resto de los Directivos –algunos delegados de otros partidos- tampoco presentaron los comprobantes pero el fallo y la investigación solamente se ocupó de la responsabilidad de él. A partir de lo cual, según su entender, todo se trató de una persecución política de la oposición y de miembros conservadores de su partido, para quitar del medio a un posible candidato presidencial.

Lo cierto es que frente a la campaña de desprestigio -que algunos creen se inició un año atrás cuando reconoció que no era Licenciado en Genética Humana graduado en Cuba como lo había sostenido hasta ese momento-, Raúl Sendic presentó su renuncia indeclinable y la vicepresidencia pasó a ser ocupada por el segundo senador más votado; Lucía Topolansky, esposa del ex mandatario y actual senador José “Pepe” Mujica.

Para ir finalizando con el balance de este ajetreado 2017, y siendo consientes que quedaron muchas cuestiones en el tintero, no se debe olvidar la marcha del silencio que se realizó el 20 de mayo, como hace ya más de dos décadas, en homenaje a las víctimas de la dictadura cívico militar (1973-1985) y en repudio a las violaciones de los derechos humanos; así como tampoco la que se concretó el último 26 de octubre, bajo el lema “cuando la justicia tarda ya no es justicia”, para reclamaron mayor celeridad en las más de trescientas causas vinculadas a delitos de lesa humanidad.

Por último, si algo le faltaba a este año fue el dejarnos sin el cantautor Daniel Viglietti y su prosa libertaria que tanta falta hace en estos tiempos donde “la izquierda progresista” va dejado en el camino los proyectos de reforma agraria y lucha contra el imperialismo.

Hecha la crónica del 2017 y tomando en consideración los acontecimientos citados, queda en Papá Noel la decisión de si los protagonistas son o no merecedores de los regalos bajo el pino navideño. 

 
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