Protestas y crisis política en Guatemala

04.09.15

Protestas y crisis política en Guatemala

Retomando el análisis de la coyuntura actual centroamericana, nos enfocamos en el momento particular de Guatemala, con la dimisión de su presidente en el marco de masivas y continuas movilizaciones durante los últimos meses. 

El pasado miércoles 2 de septiembre, Otto Pérez Molina presentó la renuncia como presidente de Guatemala, en un contexto de protesta generalizada y acorralado por denuncias de corrupción aduanera; dimisión aceptada por un Congreso que a las pocas horas le retiraría al flamante ex presidente su inmunidad parlamentaria, con miras a someterlo a juicio por los indicios y pruebas que pesan en su contra. A su vez, el próximo domingo se celebran elecciones para la renovación de cargos de presidente, vice y diputados al Congreso, entre otros; todo a pesar de que las protestas ciudadanas reclaman no una simple renovación de nombres sino un cambio estructural en el sistema político, en consonancia con lo expresado en las manifestaciones. Tal condensación de hechos en un lapso acotado revela, a su manera, las particularidades del momento actual guatemalteco y sus similitudes con otros países centroamericanos, como es el caso de Honduras.

Como analizamos en el dossier publicado recientemente, estos dos países del llamado triángulo norte de Centroamérica –Honduras y Guatemala- están viviendo desde hace varios meses una coyuntura de crecimiento del conflicto social y político. Sin dudas, esto es expresión de un proceso de acumulación de conflictos por diferentes temas y con diversos grupos movilizados y de experiencias de luchas pasadas. El conflicto armado abierto que en Guatemala causó más de 100.000 muertos y se extendió hasta los acuerdos de paz de diciembre de 1996[i], tuvo características menos visibles en Honduras, país que sirvió de plataforma para el accionar de los contras en Nicaragua. En ambos casos, continúa haciendo sentir sus ecos y resonancias que marcaron a sangre y fuego las dos sociedades.

Al igual que Honduras, por diversos factores vinculados más que nada con la acumulación y superposición de conflictos no resueltos, represiones agravadas y sistemas políticos cada más cerrados y corruptos, la situación en Guatemala se volvió intolerable y las movilizaciones que ocuparon calles y plazas se multiplicaron. Estas manifestaciones y marchas expresaron un repudio cada vez más marcado no solo al gobierno actual, sino al sistema político en general. La izquierda clásica también cayó en la deslegitimación al no ser capaz de elaborar respuestas acordes con las movilizaciones y quedar, incluso, como cómplice del gobierno en algunas situaciones. Los pueblos indígenas fueron protagonistas importantes de este proceso.

Fruto de las movilizaciones y con denuncias de corrupción evidente, reconocida y judicializada incluso por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada por la ONU en 2006 para combatir la corrupción en la Guatemala del posconflicto, la vicepresidenta se vio obligada a renunciar y tras ella cayeron también varios funcionarios de menor rango. Pero esto no calmó los reclamos populares sostenidos por diversos grupos entre los que resaltan los jóvenes, las mujeres y los indígenas. Es decir, sectores medios urbanos unidos a grupos rurales empobrecidos y oprimidos.

Respondiendo al slogan de uno de los candidatos a la presidencia más comprometido con el actual sistema político guatemalteco que decía “ahora me toca”, los amplios grupos movilizados expresaron, primero, “no te toca” y luego profundizaron el rechazo manifestando “a nadie le toca”, frase que algunos estudiosos vinculan con el “que se vayan todos” de la Argentina en diciembre de 2001.

Finalmente, las protestas decantaron en la renuncia del presidente Pérez Molina, señalado por la CICIG como el líder de la red de corrupción denominada “La Línea”, cuya lógica de fraude se fundaba en el soborno a empresarios e importadores para alterar el valor de lo que debía pagarse en aduana. Tal crimen, además de hallarse enquistado en la cúpula del poder político guatemalteco, contrasta con la situación general de la población, una de las de mayor desigualdad en Latinoamérica y con un índice de pobreza estimado en alrededor del 70%.

El proceso abierto desde principios de año no posee, sin embargo, un horizonte estimado de clausura. La convocatoria a elecciones para este domingo ya había sido cuestionada por los sectores movilizados, en cuanto se mantuviera la misma lógica estructural de antaño. Uno de los reclamos apuntaba a la conformación de una nueva ley electoral capaz de permitir la apertura del sistema político, con el objetivo de anular o dificultar la dinámica de compra de cargos y corrupción en las estructuras de gobierno. En este momento, con un ex presidente acusado y en antesala de un juicio político, sin expectativas de un candidato que pueda salir victorioso en primera vuelta y bajo la percepción de que ningún partido es representante de la voluntad del pueblo, se está comenzando a exigir que el nuevo presidente sea de transición y dé inicio a un verdadero proceso de reforma constituyente. De esta manera, el reclamo entrelazado de varios sectores sociales abre la posibilidad de un cambio político relevante en Guatemala: posibilidad que deberá defenderse en las calles durante los días y meses sucesivos.

 

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[i]Los acuerdos de paz fueron firmados entre la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) y el Estado de Guatemala.