Política, tierras coloradas y masacre en Ybyrá Pytâ

19.06.12

Política, tierras coloradas y masacre en Ybyrá Pytâ

La masacre de Ybyrá Pytâ pone de manifiesto no sólo el histórico conflicto por la tierra en el Paraguay, sino la continuidad de las políticas represivas de la dictadura stroessnista y de las fuerzas conservadoras del Partido Colorado.

El pasado viernes 15 de junio se produjo una brutal masacre, que dejó al menos 19 muertos (once campesinos y ocho policías), como consecuencia de un violento operativo policial de desalojo de campesinos en una hacienda de unas 2.000 hectáreas ubicada en Colonia Ybyrá Pytâ, distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú. La localidad se encuentra 380 km al noreste de Asunción, en la frontera con Brasil, y pertenece al terrateniente Blas Riquelme, del conservador Partido Colorado.

El hecho se produjo cuando unos 200 policías ingresaron a la hacienda Morumbí, para desalojar a un grupo de campesinos, muchos pertenecientes al Movimiento Campesino de los Carperos. El gobierno nacional –que debió desplazar a su ministro de Interior, nombrando a Rubén Candia Amarilla, miembro del stronista Partido Colorado- recibió denuncias sobre heridos torturados y menores detenidos durante los procedimientos policiales en la hacienda y anunció la conformación de una comisión investigadora de la eventual violación de los derechos humanos. Todavía se buscan víctimas fatales de la masacre, mientras se exige la protección de las familias campesinas que permanecen en el monte.

No era la primera vez que en Paraguay ocurrían acontecimientos de esta naturaleza. En diciembre de 2004 una feroz represión por parte de las fuerzas de seguridad trajo como resultado un contingente de cerca de veinte heridos y casi cincuenta detenidos en una movilización campesina en Caaguazú, a unos 200 km. al este de la capital paraguaya.

Estos hechos son consecuencia de la profunda desigualdad reinante en el régimen de tenencia de la tierra. Paraguay, al igual que en el resto de América Latina, posee un grave problema de concentración de la propiedad rural en pocas manos. Si bien estas dificultades echan sus raíces en el siglo XIX, este proceso tendió a agravarse durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y los posteriores gobiernos colorados quienes propiciaron diversas prácticas latifundistas. Como consecuencia de ello, según datos oficiales, el 1% de los propietarios concentra el 77% del total de las explotaciones agropecuarias del país. Por su parte, el 37% de los minifundiarios (que poseen superficies de una a cinco hectáreas) tienen en su poder sólo el 1% de las explotaciones agropecuarias.

La presente administración de Fernando Lugo no ha modificado este escenario. Por el contrario, se prosiguió alentando al monocultivo extensivo de la soja, desplazando a comunidades campesinas, destruyendo sus formas de producción e incrementando la cifra de labriegos sin tierra.

Este es el contexto de fondo que explica las permanentes ocupaciones de tierras por parte de grupos de “sin tierras” y la brutal respuesta que reciben por parte del Estado a sus reclamos. Ahora, mientras desde la opinión dominante y los sectores de poder se adjudica la responsabilidad de la masacre al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), desde los sectores campesinos se ha negado rotundamente dicho vínculo y se ha rechazado el nombramiento de un nuevo jefe de policía en el país, con acusaciones de corrupción y peligrosos procedimientos.

En una declaración inmediata, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC/Vía Campesina Paraguay), que nuclea a numerosas organizaciones del país, ha sostenido que el conflicto es “resultado de un conflicto social de clase, consecuencia directa de un modelo de tenencia desigual de la tierra, así como de un modelo de producción del agronegocio y de una sociedad basada en la inequidad, como lo es el capitalismo salvaje”. También apuntó a la falta de políticas estatales dedicadas a solucionar este problema, y a la “falta de garantías a las personas que se encuentran en el lugar de los hechos”. Asimismo, llamaron a “mantenerse en alerta” contra la “criminalización de la protesta social” y para “defender el proceso democrático”.