Nicaragua y los derechos humanos. Ojalá sea paz, prosperidad y libertad

26.12.18

Nicaragua y los derechos humanos. Ojalá sea paz, prosperidad y libertad

En los últimos tiempos, cantidad de denuncias y sanciones cayeron sobre el gobierno de Nicaragua. Estados Unidos, atribuyendose el rol de paladín de los derechos humanos y de la democracia, declama acerca del peligro que para su seguridad representa el gobierno Nica.

En los últimos tiempos, cantidad de denuncias y sanciones cayeron sobre el gobierno de Nicaragua. Estados Unidos, atribuyendose el rol de paladín de los derechos humanos y de la democracia, declama acerca del peligro que para su seguridad representa el gobierno Nica. Bajo la amenaza de las migraciones masivas, el “gran país del norte” mira nuevamente a su patio trasero queriendo poner orden y autoridad, frente al futuro incierto que representan los cambios políticos en México. Esta nueva injerencia, junto a las de la Unión Europea, de la OEA, Naciones Unidas y diferentes organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, es reclamada no sólo por los grupos de poder, sino por diferentes sectores de la sociedad civil nicargüense que la ven como única salida a la crisis.

Desde 1990 al 2006, Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, modificó al sandinismo para llegar a su reelección en el 2007. La mística revolucionaria fue transformada para alejarse de las representaciones negativas de la guerra de los ochenta, cambios simbólicos que se le atribuyen a su mujer Rosario Murillo, vicepresidenta desde 2017. Dos elementos valen destacar de esa reconversión de organización militar a partido político. En primer lugar, el pragmatismo en su amplia política de alianzas que en el plano externo podemos visualizar en los acuerdos con Rusia, Cuba y Venezuela, siendo este último uno de los mayores financistas de Nicaragua a través de créditos blandos y entrega de petróleo barato, junto a los innumerables tratos comerciales con China, incluyendo el proyecto de construcción del Gran Canal. Hay que destacar también las relaciones con los Estados Unidos a través de los créditos del FMI y BID, el ingreso de distintas empresas de capitales estadounidenses y el asentamiento de ONGs que cuentan con financiamiento yanqui. Estos ingresos permitieron la implementación de distintos proyectos asistenciales y paliativos a la pobreza estructural de Nicaragua que fueron denunciados como focos clientelares.

Así, el gobierno de Ortega-Murillo instaló un régimen de gobierno basado en una cultura política clientelar y patrimonialista con una base de apoyo dependiente de los créditos y financiamiento que el Estado consiguiera. Si bien el país creció económicamente, el sistema político se volvió verticalista y la concentración de poder en pocas manos elevó los niveles de corrupción, consolidando un estado familiar corporativo que se vio presionado permanentemente.

Desde los inicios, el gobierno inició un sistema de alianzas al interior del país siendo la primera la reforma electoral que le permitió, con acuerdo del partido liberal, llegar al poder años después. La más impugnada tal vez fue con la cúpula de la Iglesia Católica, que permitió la penalización del aborto y luego elevar las condenas, provocando el aumento de los femicidios. La organización de las masas y la logística de los actos quedó en manos de los secretarios políticos nombrados en cada uno de los ámbitos, quienes se convirtieron en emisarios del gobierno para llevar adelante los programas asistenciales que dieron ciertos beneficios concretos a gran cantidad de personas. La alianza con grandes empresarios (grupo Pellas, Albanisa, Cohen), así como con el COSEP –la cúpula empresarial- conformaron fuertes grupos de presión en los lineamientos comerciales y económicos.

El verticalismo político es el segundo elemento. La oposición que generó el proyecto de la construcción del “Gran Canal”, mayoritariamente en las poblaciones surcaribeñas e históricamente anti-sandinistas, impugnó al régimen desde el reclamo de la autonomía y la defensa de su hábitat, lo cual desembocó en violentos enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. De estas contiendas surgieron nuevos movimientos de mujeres, de pueblos originarios y de ambientalistas con nuevas demandas. El 5 de abril, un nuevo detonante conmocionó la zona: la poca celeridad del gobierno para frenar el incendio de la más grande Reserva biológica de Nicaragua “Indio Maíz”.

De esta manera, cual “olla a presión”, las tensiones se fueron acumulando y el gobierno, cada vez más apremiado, acrecentó los niveles represivos y de manipulación. Muchas ONGs, financiadas internacionalmente, venían trabajando en la formación de nuevos liderazgos, los cuales se evidenciaron a partir del 18 de abril. Allí se visibilizaron tanto las tensiones como las prácticas para contenerlas por parte del gobierno, quien no ha parado de desplegar las fuerzas represivas, incluso, mediante la quita de la personería jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Contradicciones internas surgieron al interior de las fuerzas de seguridad. Entre la acción desmedida de la policía y la neutralidad del Ejército, los parapoliciales fueron los protagonistas. Las acciones de Ortega, combinando la verticalidad con el pragmatismo y valorando el fin por sobre los medios, sólo rememoran a la organización guerrillera que no pudo deshacerse de la militarización de los años setenta y ochenta.

La pregunta inevitable es quién gana hoy en Nicaragua. El gobierno no podrá resistir ni a las represalias internacionales ni a la incesante presión interna. Tampoco el pueblo, con una economía devastada, con más de 350 muertos y enorme cantidad de heridos, desaparecidos y presos políticos, podrá alzarse triunfalista. Sin embargo, grandes sectores de la oposición ven como un gran logro colectivo la rebeldía y la sola idea del adelantamiento electoral. Al día de hoy, a horas de haberse aprobado la Nica Act, pareciera que el gran beneficiario es Estados Unidos.

Frente a esto, las izquierdas latinoamericanas se encuentran ante una terrible disyuntiva. La Revolución Sandinista siempre había dejado esa sensación de incompleto y hoy el FSLN ya no parece poder levantarse como bandera de la justicia social y de los derechos humanos. Frente a esto es válido repensar las conversiones de las organizaciones armadas en partidos políticos y el sandinismo como caso específico.

Ojalá la salida que se logre a este conflicto no sea una democracia entregada; ojalá pueda ser de una vez por todas un gobierno popular para un pueblo que se lo merece y que rompa con la esencia constitutiva de la violencia política y social como moneda de recambio.

Ojalá sea paz, prosperidad y libertad.

* Investigadoras del Grupo de Estudios sobre Centroamérica (IEALC) y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.