La lucha contra la privatización de la Salud y la Educación: una nueva ola de protestas que aumenta la crisis en Honduras

03.06.19

La lucha contra la privatización de la Salud y la Educación: una nueva ola de protestas que aumenta la crisis en Honduras

La situación actual conflictiva en el sector de la educación y de la salud en Honduras tiene sus antecedentes en las políticas sociales desde el 2010[1]. Los presupuestos de ambos sectores se han disminuido durante la presente década. Por ejemplo, el gasto en educación del gobierno central era 32.9% del total en 2010 y en el presupuesto aprobado de 2019 es de 19.9%. Por su parte el sector salud redujo su participación sobre el total del gasto público de  es de alrededor del 20%. Por su parte el gasto en salud se redujo de 14.3% a 9.7% para los mismos años.

Versión original publicada en http://cespad.org.hn/2019/05/31/la-lucha-contra-la-privatizacion-de-la-salud-y-la-educacion-una-nueva-ola-de-protestas-que-aumenta-la-crisis-en-honduras/ 

(CESPAD, Centro de Estudios para la Democracia, 31 de mayo de 2019)

La situación actual conflictiva en el sector de la educación y de la salud en Honduras tiene sus antecedentes en las políticas sociales desde el 2010[1]. Los presupuestos de ambos sectores se han disminuido durante la presente década. Por ejemplo, el gasto en educación del gobierno central era 32.9% del total en 2010 y en el presupuesto aprobado de 2019 es de 19.9%. Por su parte el sector salud redujo su participación sobre el total del gasto público de  es de alrededor del 20%. Por su parte el gasto en salud se redujo de 14.3% a 9.7% para los mismos años[2].

 

Estas reducciones se pudieron lograr, en gran parte, con el congelamiento de los salarios de los docentes, los que no recibieron aumentos entre los años 2010 y 2016, obteniendo pequeños incrementos en 2017 y 2018. Otra fuente de ahorro provino de la falta de inversión en infraestructura escolar, la que se ha deteriorado fuertemente. En el campo de la salud la falta de insumos tales como medicinas, material quirúrgico, e instalaciones apropiadas ha sumido al sector en una crisis sin precedentes. Ambas situaciones habían sido denunciadas por los gremios magisteriales y el Colegio Médico sin encontrar eco en las autoridades. La falta de presupuestos adecuados para los sectores de educación y salud ha resultado en un aumento de los gastos de bolsillo de las familias[3], lo que, aunado a aumentos de impuestos indirectos, reduce las posibilidades de mejores niveles de bienestar.

 

La aprobación de la Ley Marco de Protección Social en el 2015, generó también una alerta en el sector salud, dado que hace referencia a un modelo de salud mixto. Aunque la ley es lo suficientemente vaga para señalar el modelo a seguir, la concesión de hospitales a fundaciones privadas que se ha dado hasta ahora (Hospital de San Lorenzo y Hospital María) parece ser el camino escogido por el gobierno. Los años pre electorales y electorales (2016 y 2017) fueron tal vez la razón para que la ley no se implementara en toda la dimensión, pero todo apunta a que la intención es de ir en esa dirección, cediendo las prestación de servicios médicos a fundaciones, ONGs y al sector privado en general, quedándose la Secretaría de Salud únicamente como ente regulador del sistema. Adicionalmente, el aumento de instituciones (mayormente financieras) ofreciendo seguros de salud parecen confirmar la tendencia.

 

Los detonantes de la crisis actual

 

El 29 de abril de 2019 entraron en paro los sistemas educativo y de salud y se registraron al menos 70 movilizaciones y acciones de protesta en todo el territorio nacional. El centro de  Tegucigalpa fue escenario de fuertes enfrentamientos por varias horas entre protestantes y las fuerzas del orden, que dejó un saldo de manifestantes heridos y establecimientos incendiados. Las acciones de protesta evitaron que el Congreso Nacional de la República ratificara el decreto “Ley de reestructuración y transformación presupuestaria de la Secretaría de Salud” y el decreto “Ley de reestructuración y transformación presupuestaria de la Secretaría de Educación”, que había sido aprobada el 24 de abril del presente año. Los paros y  movilizaciones de los maestros, médicos y trabajadores de la salud en general, han continuado por más de 30 días consecutivos; la polarización se incrementa y el movimiento escala y se fortalece, como quedó demostrado en las acciones de protesta a nivel nacional el 30 de mayo de 2019.

 

El hecho que más indignó a los maestros y médicos, y a amplios sectores de la ciudadanía hondureña, es que el Congreso Nacional aprobó los decretos legislativos de manera intempestiva e impositiva, en contra de los principales partidos de oposición. Los maestros y médicos rechazan los decretos legislativos por considerar que abren las puertas para despidos masivos y profundiza la privatización de las instituciones de los sistemas de salud y educación. En una primera versión, los decretos provenientes de casa presidencial establecían en uno de sus artículos “proceder a la cancelación de los acuerdos de nombramiento y la terminación de contratos de prestación de servicios, en el contexto de las decisiones adoptadas en el proceso de reestructuración administrativa y organizacional”[4].

 

Los decretos fueron parcialmente modificados, otorgando facultades a las secretarías de Salud y Educación para las modificaciones presupuestarias en función de atender necesidades de infraestructura y logística, compra de insumos, procesos de formación de personal, cumplir compromisos salariales adquiridos y pasivo laboral pendientes de pago; y finalmente, cualquier otro para lograr la eficiente implementación de los planes de mejora en el caso de salud y del plan de implementación del Plan Estratégico del Sector Educación, en el caso de educación[5]. Esta última facultad fue interpretada por los maestros y médicos como una disposición que posibilita todo, desde los despidos masivos hasta las privatizaciones.

 

En una sesión extraordinaria, realizada el 30 de abril, el Congreso Nacional anuló los decretos de reestructuración y transformación de las secretarías de Salud y Educación[6]. Sin embargo, los trabajadores de la educación y la salud no retornaron de manera normal a las escuelas y los hospitales. Por el contrario, ampliaron sus demandas, y continuaron los paros y movilizaciones,  por la derogación de  la Ley Marco de Protección Social y diferentes decretos ejecutivos que se han aprobado entre el 2011 y el 2018 para los sectores de salud y educación, en el contexto de la Honduras del posgolpe del 28 de junio de 2009.

 

La Ley marco de protección social[7] y los decretos ejecutivos, bajo el argumento de estar en una situación de emergencia, abrieron las puertas a la privatización de los hospitales públicos, por la vía de la tercerización o el concesionamiento a fundaciones privadas. El Estado entrega a estas fundaciones el presupuesto, que cada vez tiende a ser menor, situación que obliga a que los ciudadanos que acuden a los servicios de salud tengan que pagar  por algunos servicios y comprar algunas  medicinas que son cada vez más escasas. Estas tercerizaciones amenazan también con asumir las responsabilidades de contratación de personal en condiciones de irrespeto de los derechos laborales e incluso de precarización laboral.

 

Algo similar al sector de la salud pasa en el sector de la educación. Desde el 2011  los gobiernos han emitido varios decretos ejecutivos que amenazan los derechos y conquistas laborales de los maestros de la educación básica y media. Una de las consecuencias más drásticas que están enfrentado los docentes es el aumento de la edad para la jubilación y la contratación de profesores en condición de interinos en vez de plazas o puestos permanentes.

 

Tanto en salud como en educación se han creado comisiones para que trabajen junto a los secretarios de Estado. Con estas comisiones y con los decretos ejecutivos de emergencia  se puede afirmar que de hecho se están gobernando los sectores de salud y educación bajo condiciones de excepcionalidad. Esta excepcionalidad es parte de la profunda crisis de toda la institucionalidad estatal. El colapso institucional, producto de la corrupción, la ineficiencia y la precarización,  ha llevado a crear comisiones interventoras o de apoyo  en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Secretaría de Seguridad, Secretaría de Salud y Secretaría de Educación, entre otras.

 

El Congreso Nacional retrocedió al no ratificar los decretos de reestructuración y transformación de la salud y la educación, pero afirma no estar dispuesto a revisar la Ley marco de protección social en el sector de la salud y los decretos ejecutivos tanto del sector de la salud como el de la educación.

 

Después de más de un mes de paros y movilizaciones, las posiciones de los actores confrontados se encuentran en los extremos, sin perspectivas de un proceso de diálogo inmediato. Los trabajadores de la salud y la educación han reafirmado que no irán a la mesa de diálogo, sino después de que se deroguen los decretos ejecutivos y se asuma la agenda de los problemas fundamentales de la salud y educación.  Y el gobierno ha reafirmado que no retrocederá “ni un milímetro” en la derogación de los decretos ejecutivos.

 

El gobierno ha intentado estrategias de división, cooptación y difamación para desarticular al movimiento. Buscó negociar con una parte de la dirigencia magisterial y ha acusado a la oposición política, especialmente al partido Libertad y refundación (Libre), de incentivar el movimiento y estar promoviendo la ingobernabilidad. Pero hasta el momento esto no le ha funcionado, las organizaciones de los trabajadores de la salud y la educación se encuentran articulados en la “Plataforma de Lucha en Defensa de  la Salud y la Educación Pública”.

 

No se puede desconocer  que los paros golpean de manera directa los derechos a la salud y educación, aunque los servicios están precarizados. Pero a pesar de ello, las demandas de los trabajadores de la salud y la educación son ampliamente apoyadas por diferentes sectores de la ciudadanía hondureña, incluso incorporándose a las movilizaciones.

 

De mantenerse las posiciones polarizadas, las preguntas por el lado del movimiento son, ¿escalarán aún más  en amplitud e intensidad las protestas y hasta dónde? y ¿hasta cuándo podrán mantenerse?, mientras por el lado del gobierno son: ¿hasta dónde mantendrá el gobierno su posición de no derogar los decretos ejecutivos?, ¿al no funcionar la cooptación, la división y la difamación del movimiento hasta qué punto está dispuesto el gobierno a intensificar la represión de los protestantes, por la vía de la judicialización, los despidos y la acción directa de la fuerzas policiales y militares?

 

Una lucha reivindicativa que expresa mucho más que eso

 

El gobierno actual de Honduras, presidido por Juan Orlando Hernández, hay que recordar, es producto de un cuestionamiento de buena parte de población por el carácter ilegal de su reelección. A esto se agrega, la serie de “irregularidades”  durante el proceso electoral de 2017, que obligaron a la OEA,  a través de su Secretario General, a señalar la conveniencia de repetir las elecciones. Es decir, el gobierno actual tiene fuertes cuestionamientos en cuanto a su legalidad y legitimidad. El carácter autoritario, concentrador de poder y represivo hace difícil la realización de diálogos que conduzcan a consensos.

 

A esto se agrega la falta de credibilidad. Es decir, este conflicto entre trabajadores de la salud y la educación y el gobierno,  se produce en un contexto de altos niveles de malestar de la ciudadanía por los sistemáticos casos de corrupción y vínculos con el narcotráfico de funcionarios y ex funcionarios del oficialista Partido Nacional, por la crisis energética y por las concesiones territoriales para minería y represas hidroeléctricas. Todo el malestar de la ciudadanía con el gobierno se puede ver en los resultados recientes, de mayo de 2019, de una encuesta de Cid Gallup, en la que el 59% de la población tiene ninguna confianza en que el presidente Juan Orlando Hernández puede resolver los problemas nacionales, el 86% considera que el país va por el rumbo equivocado y la evaluación de la gestión del presidente Juan Orlando Hernández es de -17%[8], el peor evaluado desde el inicio de la transición política a la democracia en 1980.

 

[1] Icefi titula su análisis de la política fiscal hondureña para 2018 “Fondos públicos sin prioridad a inversión social”. http://icefi.org/sites/default/files/perfiles_no.11.pdf Recuperado 26 de mayo.

 

[2] Noé Pino, Hugo. Crecimiento Económico, Deuda y Empleo en Honduras. Presentación. Unitec. Abril 2019.

 

[3] http://icefi.org/sites/default/files/generando_evidencia_hn.pdf

 

[4] https://www.elheraldo.hn/pais/1280023-466/ocho-datos-para-comprender-la-... (consultado el 26 de mayo de 2019).

 

[5] http://congresonacional.hn/index.php/2019/04/25/decreto-salud-y-educacion/ (consultado el 26 de mayo de 2019).

 

[6] https://hondudiario.com/2019/04/30/congreso-nacional-elimino-los-decreto... (consultado el 26 de mayo de 2019).

 

[7] https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/627-ley-marco-del-sist... (consultado el 24 de mayo de 2019).

 

[8] https://www.laprensa.hn/honduras/1286483-410/-cid-gallup-2019-encuesta-n... (consultado 25 de mayo de 2019).