Haití: una crisis que no tiene fin

28.03.19

Haití: una crisis que no tiene fin

Hace más de dos siglos, en 1804, la población negra haitiana encabezó el primer proceso emancipador exitoso en América Latina. Sin embargo, el papel oligárquico y excluyente que ha tenido la burguesía haitiana, no ha dudado en colaborar con las continuas intervenciones militares que ha tenido el país, desde la larga invasión estadounidense propiciada por el presidente Woodrow Wilson a partir de 1915, que se extendió hasta 1934, a la más reciente ocupación impulsada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) entre 2004 y 2017.

            Hace más de dos siglos, en 1804, la población negra haitiana encabezó el primer proceso emancipador exitoso en América Latina. Este acontecimiento histórico se dio en sintonía temporal con otros dos grandes procesos revolucionarios: la independencia de Estados Unidos (1776) y la Revolución Francesa (1789). No cabe duda que este último hecho incidió fuertemente para que se produzca el grito de liberación en la antigua Isla Española. Sin embargo, en esa coyuntura, hay que subrayar que el proceso en Haití sacudió los cimientos del mundo colonial, los atacó y los buscó transformar al cuestionar no sólo el dominio político francés sino que también trastocó el dominio social blanco al impugnar el régimen esclavista colonial, algo que no sucedió en Norteamérica.

             En el transcurso de los siglos XIX y XX, a pesar del auspicioso inicio, el pueblo haitiano quedó subsumido en una férrea relación de dependencia con las potencias imperialistas que aprovecharon sus recursos primarios (principalmente, el azúcar y el café) y su ubicación geoestratégica en el Mar Caribe. Cabe indicar, en que esa subordinación y explotación sobre la mayoría de la población, tuvo una enorme responsabilidad el papel oligárquico y excluyente que ha tenido la burguesía haitiana. La misma no ha dudado en colaborar con las continuas intervenciones militares que ha tenido el país, desde la larga invasión estadounidense propiciada por el presidente Woodrow Wilson a partir de 1915 y que se extendió hasta 1934, a la más reciente ocupación impulsada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) entre 2004 y 2017.

            Por otro lado, la clase dominante ha sostenido y ha sido cómplice de sangrientas dictaduras como la que ejerció François Duvalier (conocido como Papa Doc) desde mediados de los años cincuenta y su hijo Jean-Claude (Baby Doc) tras el deceso del primero en 1971. Ambos, durante décadas, ejercieron un poder omnímodo sobre la población a través de dos instrumentos: la creencia en la religión vudú y en la mano dura que se expresó con la milicia de los Voluntarios de la Seguridad Nacional, más conocidos con el nombre de los Tonton Macoute. Sin embargo, tras un golpe de estado en 1986, la dinastía llegó a su fin, desterrando al sanguinario Baby Doc en Francia.

            Sin embargo, los problemas y los enfrentamientos entre los grupos políticos y las diferentes clases sociales persistieron y signaron los últimos treinta años. Las distintas presidencias de Jean Bertrand Aristide y René Preval, entre otras, no han logrado detener la situación de inestabilidad y miseria en la isla. Miles de muertos, varios golpes de estados, elecciones fraudulentas y fracasados intentos de institucionalizar algún tipo de gobierno, derivaron en una situación de mayor pobreza y de caos. Las severas y continuas crisis en el sistema de representatividad política no debe ocultar la gravedad social y económica que padece el país caribeño.

            A más de doscientos años de haber logrado la independencia, Haití posee una estructura económica básica sostenida en una agricultura rudimentaria (en torno al café, al azúcar y al banano) junto con un escaso nivel de desarrollo industrial y de servicios. En ese sentido, tiene la renta per cápita más baja de todo el continente: la mitad de la población sobrevive con menos de dos dólares diarios y más del 80% de los habitantes viven en una situación de pobreza; además, en su mayoría son afro caribeños, con una esperanza de vida de 54 años y con un analfabetismo que llega al sesenta por ciento. A estas condiciones creadas por la propia opresión política y económica de los sectores dominantes, en corresponsabilidad con las potencias extranjeras y los organismos multilaterales de crédito, se le debe sumar el terrible terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter que asoló a la isla en enero de 2010, con más de doscientos mil muertos, y varios huracanes que aumentaron la cantidad de personas fallecidas tras no pocos brotes de cólera. Valga reflexionar que casi la mitad de los haitianos carecen de una fuente potable a menos de quinientos metros de su domicilio, lo que hizo que esta última epidemia cobrase la vida de diez mil personas.

            En esa coyuntura, la intervención militar dispuesta por Naciones Unidas tampoco colaboró con resolver la aguda situación de pobreza de la población. En los diez años que duró la presencia de tropas castrenses y civiles de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Corea, Ecuador, El Salvador, Francia, Guatemala, Honduras, Indonesia, Jordania, Nepal, Paraguay, Perú, Filipinas, Sri Lanka, los Estados Unidos y Uruguay, los problemas no se solucionaron. Por el contrario, la MINUSTAH ha sido denunciada en numerosos foros y tribunales internaciones por la infinidad de abusos y violaciones a los derechos humanos. Bajo un supuesto objetivo de “estabilizar la democracia”, llevar “asistencia humanitaria” y combatir la delincuencia, un número significativo de la población ha sufrido cuantiosos hechos de violencia, de corrupción, de tráfico de drogas, en donde los efectivos militares fueron los principales implicados.

            En forma paralela a la ocupación extranjera, desde el año 2006, el Fondo Monetario Internacional (FMI) impulsó un programa económico de austeridad que terminó agravando la situación económica de la mayoría de la sociedad. A eso se añadió una disminución en la cantidad de remesas obtenidas de haitianos que residen en el exterior y una caída en las escasas exportaciones que efectúa el país tras la crisis económica mundial de 2008.

            Todo el panorama anterior nos debe servir como contexto para comprender la situación que vive la isla caribeña desde mediados del año pasado, y que, en los dos últimos meses, se ha ido agravando. Tras ese escenario de fondo, las masivas protestas iniciadas en junio de 2018 estuvieron centradas en torno a la grave crisis económica y al escándalo que se abrió tras las denuncias de corrupción del dinero obtenido con la firma del convenio con Petrocaribe.

            Al respecto, sobre este último punto, valga una breve digresión. A partir del año 2005, el extinto presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez firmó una serie de acuerdos políticos y económicos con varios países de Centroamérica y el Caribe en donde se pactaba el intercambio de petróleo por diversos productos y servicios con los estados de esa región. En el caso de Haití, en el 2006, se firmó un convenio de cooperación para el suministro de ese hidrocarburo a la isla a bajo costo, en condiciones preferenciales, incluso se accedió a que se podía pagar el combustible con bananas, frijoles y otros productos. Sin embargo, en el 2017, se descubrió que gran parte de ese fondo, de unos 3.800 millones de dólares, se había “evaporado” sin dejar ninguna obra perceptible y sin ningún funcionario y empresario condenado por ese colosal robo.

            Retomando los acontecimientos, las protestas que se iniciaron el año pasado están signadas por un lado, por la grave crisis económica que se acentuó en el mes de mayo cuando el FMI solicitó un incremento entre el 37 y 50% en el precio de los combustibles; por el otro, cuando se dieron a conocer que numerosos funcionarios del actual gobierno y miembros del Parlamento se encontraban implicados en la malversación de los fondos de Petrocaribe. Ante ello, emergieron extensas movilizaciones, bloqueos de calles y paros en las principales ciudades contra el gobierno. De ese modo, en poco tiempo, el movimiento se desarrolló en forma simultánea en distintas zonas; además, los principales puntos de ataques se concentraron en los barrios habitados por los sectores más acaudalados y sobre la población blanca. Si bien en una primera instancia se logró la renuncia del primer ministro Jack Guy Lafontant, los enfrentamientos contra el actual mandatario (Jovenel Moise) continuaron durante octubre y noviembre de 2018.

            Más aún, las tensiones volvieron a surgir a la superficie hace dos meses, con una masiva huelga general. La actual rebelión abarca amplias capas de la sociedad y atañe a diferentes actores, incluido los sectores empresariales nacionales y extranjeros que observan con inquietud clasista la deriva de la protesta social, sobre todo, preocupados ante la posibilidad de que se cuestione al conjunto de la dirigencia política y se termine impugnando el sistema social. Todo esto en un marco de extrema represión gubernamental a través de fuerzas de seguridad oficiales y paramilitares, donde ya hay cerca de un centenar de muertos y heridos, donde la queja central de la población movilizada sigue estando alrededor del pedido de renuncia del actual presidente, que sigue en gran medida sostenido por la embajada estadounidense y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

            En conclusión, la mayoría de la población haitiana padece una grave crisis que ha medida que pasa el tiempo se profundiza cada vez más, en donde ningún actor político ni social ha podido ni ha querido dar respuestas a problemas que se remontan desde hace décadas. En ese contexto, lo más probable es que continúe estas dificultades, provocando una mayor miseria y pobreza sobre los que nada tienen que perder, tan solo sus cadenas.