Debajo de los adoquines está… Cuauhtemoc [segunda parte]

07.11.14

Debajo de los adoquines está… Cuauhtemoc [segunda parte]

Un nuevo estado de situación en México, con la masificación de las protestas y los puntos de ruptura de una legalidad estatal asentada sobre la masacre: siguen desaparecidos cuarenta y tres estudiantes y las fosas brotan en todo Guerrero. Nuevo informe de nuestro compañero Matías Oberlin. 

"Quisieron enterrarnos pero éramos semillas”
“PRI, PAN, PRD = NARCOPARTIDOS”
Carteles en la marcha del pasado 22 de octubre 

 

El origen de las escuelas normales rurales

Las escuelas normales rurales son escuelas destinadas a la formación de maestros para las áreas rurales de México, a la que acuden hijos de campesinos y de comunidades indígenas. Surgieron en el espíritu de la revolución, cuando fue nombrado José Vasconcelos a cargo de la Secretaría de Educación Pública en 1921, bajo el gobierno de Álvaro Obregón.

Desde 1927 se legisló para que tuvieran internado y becas para sus alumnos. A partir de modificaciones que atentaban contra la democracia original de estas casas de estudio, los estudiantes de las normales se nuclearon en 1935 conformando la “Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México” (FECSM).

Durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1936) se impulsó una educación socialista, que tuvo pocas repercusiones en los institutos universitarios a nivel nacional, pero cuyo bastión fueron las normales rurales.

En 1968 las normales participaron de la gran movilización estudiantil que terminó en la trágica jornada conocida como “la noche de Tlatelolco”. Como represalia se cerraron catorce normales rurales. En la actualidad, sólo perduran dieciséis.

Un estado “caliente”

En los años sesenta, un maestro recibido en una de estas normales rurales (la mundialmente conocida Escuela Normal Rural de Ayotzinapa) fundaría una guerrilla en la sierra de Guerrero: el Partido de los Pobres y su Brigada de Ajusticiamiento. Lucio Cabañas, el fundador del Partido de los Pobres, caería en manos de la represión el 2 de diciembre de 1974.

El estado de Guerrero, al poniente del Distrito Federal, se ha caracterizado por sus constantes levantamientos, desde la Guerrilla de Lucio Cabañas hasta las sistemáticas desapariciones en manos del narcotráfico.

De los más de cincuenta gobernadores que ha tenido, sólo siete terminaron su mandato. Pareciera que el actual gobernador, Ángel Aguirre, del PRD, va encaminado a terminar como la mayoría de sus antecesores.

En el 2012, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa también fueron reprimidos por la policía de Guerrero cuando se manifestaban contra los recortes presupuestarios impulsados por el gobierno nacional contra las escuelas normales rurales, a las que ve como “nichos de comunistas”.  En aquel 2012, dos estudiantes perdieron la vida. “Es lo que pasa siempre”, se escuchaba en la calle.

Ese mismo año, el 2 de diciembre –como si de las cenizas de Lucio Cabañas hicieran resurgir el espíritu de un pueblo que no está dispuesto a perecer en manos de la represión- se daba a conocer la Policía Ciudadana y Popular de Guerrero. Una policía comunitaria, democrática, surgida desde abajo, que elige a sus miembros en asamblea y que tiene una finalidad específica: defender a las comunidades campesinas e indígenas de la inseguridad por parte del narcotráfico y de la represión policial.

Defenderse de esa policía que es el brazo armado de un estado garante de los intereses de los poderosos. La represión a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es una muestra más de que en México no existe el estado de derecho.

Una guerra contra el pueblo

El 11 de diciembre de 2006, el ex presidente Felipe Calderón, del PAN, impulsó la Guerra contra el Narcotráfico, apoyado por el gobierno estadounidense. Para ello además se tomaron medidas acorde a las recomendaciones del Banco Mundial y del FMI, como el recorte presupuestario a la educación, el sentar las bases de la privatización del petróleo y la disminución del déficit fiscal.

El actual presidente Peña Nieto, del PRI, profundizó las medidas iniciadas por su antecesor, desde que lo reemplazó en 2012. En menos de dos años avanzó con la reforma energética y recortó el presupuesto educativo. La represión aumentó: en la movilización estudiantil del 2 de octubre del 2013, que se concentró en el Zócalo -como recordatorio de la masacre de Tlatelolco- más de cien estudiantes cayeron presos, y la marcha estuvo rodeada de principio a fin por el cuerpo de Granaderos[1].

Desde que se inició la supuesta Guerra contra el Narcotráfico en México hay más de 22 mil desaparecidos y más de 120 mil muertos y desde que asumió Peña Nieto, hace menos de dos años, son más de 9,5 mil las víctimas de la desaparición forzosa.

En el marco de la reforma educativa llevada adelante es que los normalistas y los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional decidieron salir a las calles.

Vivos se los llevaron, vivos los queremos

El pasado 26 de septiembre, los estudiantes normalistas de la escuela de Ayotzinapa se encontraban en Iguala haciendo actividades de recaudación de fondos para poder acudir a la marcha del 2 de octubre al Zócalo. De repente una ráfaga de disparos de la policía municipal de Iguala se cobró la vida tres estudiantes, tres  civiles más y causó más de una veintena de heridos, entre los que se encuentra un normalista en estado de coma. Luego de la feroz represión – que como indican los compañeros normalistas fue una “ejecución extrajudicial”- la policía municipal detuvo a cuarenta y tres estudiantes. Los normalistas detenidos fueron desaparecidos.

El fiscal del caso determinó la culpabilidad del intendente de Iguala, José Luis Abarca Velázquez,quien dio la orden de detener a los normalistas. Abarca al día de hoy todavía está prófugo. También señaló que los estudiantes detenidos fueron entregados al grupo paramilitar “Guerreros Unidos”, poniendo de manifiesto los lazos entre el estado y el narcotráfico.

Durante estas semanas se encontraron cantidad de fosas comunes. Las autoridades del estado quisieron vincularlas a los estudiantes de Ayotzinapa, luego tuvieron que desmentirlo y nadie más habló de los cuerpos mutilados que se encontraron en las fosas. Pareciera que el estado de Guerrero es una gran fosa común y el gobierno, el sepulturero. Los familiares, apoyados por muchas organizaciones civiles, acordaron que solo van a esperar y a considerar validos los resultados que arroje el estudio realizado por el equipo argentino de antropología forense.

La sociedad mexicana parecía no despertar ante la brutalidad del acontecimiento. Pasaron tres semanas hasta que el movimiento estudiantil se puso de pie y se animó a gritar la indignación que tenía atorada en la garganta. Distintas facultades convocaron asambleas, se realizó una asamblea interuniversitaria y se definió un plan de lucha.

El plan de lucha incluyó paros de 48 horas, movilizaciones, levantamientos de barreras de peajes, brigadeos en facultades que no cerraban, en metros y en barrios. La semana del 20 al 24 de octubre se logró que facultades que no suelen cerrarse adhirieran al paro, tal el caso de Derecho de la UNAM por dar un ejemplo, que realizó un plebiscito en el que la opción por el paro resultó abrumadoramente superior.

La marcha mundial de solidaridad con Ayotzinapa, convocada para el miércoles 22 de octubre, fue un éxito rotundo, con cientos de miles en las calles. Una multitud silenciosa y con velas, sin banderas de partidos políticos, se reunió a las 18 horas en el Ángel. A las 20 entraba la cabecera al Zócalo, a las 20.30 la plaza ya estaba repleta. A las 22.30 todavía la retaguardia se encontraba en el Palacio de Bellas Artes, ubicado a seis cuadras del Zócalo. Las risueñas cifras que da el gobierno sobre el total de participantes no convencen a nadie.

A su vez hubo marchas a las embajadas y consulados de México en distintos puntos del planeta, en Francia, Alemania, Brasil, Argentina, Costa Rica, Colombia, Venezuela, por nombrar algunos puntos. El parlamento europeo se pronunció pidiendo la aparición de los normalistas y el esclarecimiento del caso.

Sin embargo la persecución estudiantil no deja de ser moneda corriente, desde amenazas a estudiantes que están participando del movimiento, hasta correos de parte de las autoridades de la UNAM advirtiendo a los estudiantes de intercambio, sobre la recesión de su movilidad estudiantil a causa de su participación.

 “Cuando de nada te sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar”

Los familiares de las víctimas fueron el pasado domingo a encomendarse a los pies de la Virgen de Guadalupe, Virgen morena que se habría aparecido hace más de cuatro siglos a un joven indígena, Juan Diego. “¿A quién nos vamos a encomendar – decía el padre de un joven desaparecido- si el estado desapareció a nuestros hijos? Sólo podemos confiar en la Virgen y en la policía comunitaria”. Los familiares, campesinos indígenas, se encontraron con que la puerta de la Basílica de Guadalupe se les cerró en la cara.

Los familiares de las víctimas dieron un ultimátum el miércoles pasado de 48 horas para que el gobierno entregue con vida a los desaparecidos. La Asamblea Interuniversitaria, que el viernes pasado contó con delegados de más de cientotreinta instituciones, se reunió de nuevo el 24 de octubre para resolver el plan de lucha de la semana entrante.

Mientras tanto, la Asamblea de los Pueblos, que llevan adelante los estudiantes de las distintas escuelas normalistas, ha realizado un plan de lucha que incluye paro por tiempo indeterminado, la renuncia y el juicio tanto del gobernador de guerrero como del jefe municipal de iguala, el bloqueo a multinacionales como Bimbo y Coca Cola y la toma de los tres poderes en el estado de guerrero. Esta semana se incendió la intendencia de Iguala.

La situación es crítica, el estado de derecho fue roto (si alguna vez existió) por el mismo gobierno, que se encuentra en una encrucijada. Pero el movimiento popular también; deberá buscar las formas organizativas que plasmen la realidad que viven y que restablezca un estado de derecho. Solo una salida se ve en el horizonte: la abolición de este estado y de sus partidos políticos.

Esperemos que la “dictadura perfecta” del PRI, disfrazada de un supuesto estado de derecho, esté llegando a su fin. Los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos destaparon la fosa hedionda y pestilente de un estado en ruinas que no solo no puede garantizar los derechos mínimos, sino que atenta contra ellos. 

 



[1] Vale la pena aclarar que el cuerpo de Granaderos es un cuerpo especializado de la policía. Su función es específicamente la represión y el romper manifestaciones. En el pliego reivindicativo del movimiento estudiantil de 1968 se pedía la abolición de dicho cuerpo. Cuarenta y seis años después sigue vigente.

matiasoberlin@gmail.com

 

Nota relacionada: 
Debajo de los adoquines está… Cuauhtemoc [primera parte]