A cuarenta años del golpe cívico militar: sigue sobrando una ley

27.06.13

A cuarenta años del golpe cívico militar: sigue sobrando una ley

Han pasado 28 años del fin de la última dictadura cívico-militar acaecida en el Uruguay, el Estado y la sociedad en su conjunto continúan teniendo una deuda pendiente con las víctimas y familiares de la represión. Ahora comienza una nueva lucha en el terreno legal que tendrá su contrapartida en la movilización y presión popular.

El 27 de junio de 1973, el por entonces presidente Juan María Bordaberry decretó la disolución de las cámaras parlamentarias y su sustitución por un Consejo de Estado. A su vez, se disolvieron las Juntas Departamentales y se limitó el derecho a reunión. Con estas medidas se daba inicio a la dictadura cívico-militar que gobernó Uruguay desde 1973 hasta 1985[i]. Durante esos doce años primó la tortura, el asesinato, el exilio[ii] y la censura. Quizás, el caso de degradación humana más resonante sea el de los nueve rehenes tupamaros[iii], pero fueron muchos más. Con la llegada de la democracia en 1985, previo Pacto del Club Naval, los reclamos de verdad y justicia frente a los actos cometidos durante la última dictadura iniciaron un largo y tortuoso derrotero para no dejar impunes los actos de tortura, asesinato y desaparición de personas.

En 1986, el gobierno del presidente colorado Julio María Sanguinetti promulgó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley 15.848). Ésta establece:

Artículo 1º.- Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto.

Artículo 2º.- Lo dispuesto en el artículo anterior no comprende:

Las causas en las que, a la fecha de promulgación de esta ley, exista auto de procesamiento;

Los delitos que se hubieren cometido con el propósito de lograr, para su autor o para un tercero, un provecho económico.

Artículo 3º.- A los efectos previstos en los artículos anteriores, el Juez interviniente en las denuncias correspondientes, requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de treinta días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo 1º de la presente ley.

Si el Poder Ejecutivo así lo comunicare, el Juez dispondrá la clausura y el archivo de los antecedentes. Si en cambio, no contestare o informa que no se halla comprendido dispondrá continuar la indagatoria.

Desde la fecha de promulgación de esta ley hasta que el Juez reciba la comunicación del Poder Ejecutivo quedan suspendidas todas las diligencias presumariales en los procedimientos mencionados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 4º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes el Juez de la causa remitirá al Poder Ejecutivo testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones.

El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos hechos.

El Poder Ejecutivo dentro del plazo de ciento veinte días a contar de la comunicación judicial de la denuncia dará cuenta a los denunciantes del resultado de estas investigaciones y pondrá en su conocimiento la información recabada.

Tras la aprobación de la ley, diversos organismos de Derechos Humanos, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (MFUDD) y distintos partidos de izquierda, entre otros, iniciaron la convocatoria para la recolección de firmas, en busca de llevar a cabo un referéndum revocatorio de la Ley de Caducidad.

Habiendo alcanzado las más de 500 mil firmas necesarias, el referéndum se efectuó el 16 de abril de 1989. Allí la papeleta verde, que planteaba la derogación de la ley, obtuvo el 41.3%, frente a los 55.9% de la amarilla[iv].

Luego de ese duro traspié, la discusión quedó aplazada hasta el año 2003. En el contexto del posible acceso al poder Ejecutivo Nacional de la izquierda uruguaya, el Frente Amplio reinstaló como temática programática la Ley 15.848. El marco fue el IV Congreso Extraordinario "Héctor Rodríguez". Allí se presentaron dos posturas: la dirigida por Hugo Cores que buscaba la derogación de la ley y la encabezada por Fernández Huidobro que proponía no modificar la situación jurídico-legal.  Ninguna de las dos tendencias obtuvo los dos tercios requeridos por el consenso que exigen las normas de funcionamiento del frente. Los lineamientos programáticos mantuvieron la propuesta de que el Ejecutivo ejerciera plenamente las facultades que le otorgaba el artículo cuarto de la ley.

Durante la presidencia del frenteamplista Tabaré Vázquez (2005-2010), la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró, por primera vez, la inconstitucionalidad de la ley 15.848, para ciertos casos específicos (en Uruguay la inconstitucionalidad de una ley se determina caso por caso). A su vez, se iniciaron los primeros juicios a ex represores, como los ex dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, entre otros. Sin embargo, no se avanzó en una legislación que derogase la Ley de Caducidad.

En este contexto político, parte de la ciudadanía, representada en la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley, inició nuevamente el intento de derogar la ley 15.848 mediante la vía plebiscitaria. Se plantearon como argumentos centrales que dicha norma era incompatible con la legislación internacional suscrita por el Estado uruguayo, a cuya norma debía someterse[v] y con la aparición de nuevas fuentes documentales referidas al terrorismo de Estado, inexistentes en 1989.

En 2009, junto a las elecciones presidenciales y a otro referéndum, se volvió a plebiscitar la ley 15.848. En dichos comicios el FA retuvo el Poder Ejecutivo, a manos de la formula José “Pepe” Mujica / Danilo Astori y la papeleta rosa (sí a la derogación de la ley) obtuvo el, importante pero insuficiente 47,98%.

En 2010, el Frente Amplio presentó el proyecto de Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad al Parlamento. El mismo planteaba la anulación de los artículos primero, segundo y cuarto de la ley 15.848. Con media sanción legislativa (cincuenta votos del FA contra treinta de la oposición) el proyecto de Ley Interpretativa no fue aprobada en el Senado, pues los representantes frenteamplistas no votaron en bloque, inutilizando su mayoría.

A pesar de este revés y tras nuevas declaratorias de inconstitucionalidad dictadas por la SCJ y el conocimiento de la condena que finalmente impuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado en referencia al caso Gelman (en cuya sentencia exige que aquel garantice que la ley no obstaculice las investigaciones sobre desapariciones forzadas), en octubre de 2011, el oficialismo alcanzó el consenso necesario al interior de sus filas[vi], y sancionó por vía parlamentaria la ley 18.831. La misma establece: 

Artículo 1º.- Se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986.

Artículo 2º.- No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta ley.

Artículo 3º.- Declárase que, los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte.

Artículo 4º.- Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

En 2013, en el último capítulo de este largo proceso judicial, la Suprema Corte de Justicia , en una votación cuatro contra uno [vii], declaró la  inconstitucionalidad de los artículos segundo y tercero la ley 18.831. El principal argumento en el que coincidieron los magistrados fue que la ley penal no puede aplicarse retroactivamente. A su vez, los abusos cometidos durante el régimen militar no podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad porque esa figura legal no existía cuando se cometieron los delitos [viii]. Por otra parte, el tribunal subrayó: "Si bien está fuera de toda discusión que la CIDH es la intérprete última de la Convención Americana de Derechos Humanos, tampoco puede desconocerse que la intérprete última de la Constitución de la República Oriental del Uruguay es la Suprema Corte de Justicia".

Frente a este revés judicial, el oficialismo redobló la apuesta conformando la Comisión por los Derechos Humanos del Frente Amplio y estableció, en Plenario Nacional interno realizado en mayo 2013, que se lleven adelante acciones administrativas, judiciales y parlamentarias referidas a esta temática. Ahora comienza una nueva lucha en el terreno legal que tendrá su contrapartida en la movilización y presión popular.

Han pasado 28 años del fin de la última dictadura cívico-militar acaecida en el Uruguay, el Estado y la sociedad en su conjunto continúan teniendo una deuda pendiente con las víctimas y familiares de la represión.

Luego de escuchar el fallo de la SCJ y en el marco de la 18º Marcha del Silencio, llevada a cabo recientemente, Ignacio Errandonea, integrante de la Organización Familiares de Desaparecidos, enfatizó: “Que quede un torturador sin decir nada, no lo podemos evitar, pero sí que las causas se cierren porque no hay imputados por la muerte de los torturadores”. (La República, 20 de mayo de 2013).

 En Uruguay ¡sigue sobrando una Ley!

 


[i] Cabe señalar, que si bien se toma como fecha de inicio de la Dictadura cívico-militar el 27 de Junio de 1973, ésta fue la culminación de un largo proceso de degradación democrático. A modo de ejemplo cabe señalar: el Decretó de Estado de Guerra Interno de Abril de 1972; la Ley de Seguridad de Estado de Julio de 1972 y, el pacto Boiso Lanza de Febrero de 1973.

[ii] Solo en 1974, 65.000 uruguayos salieron del país para radicarse en el extranjero. Nahum, 1998:173.

[iii] Los llamados rehenes permanecieron en prisión hasta 1985, en terribles condiciones de aislamiento, tortura y encierro. Entre ellos se encuentran Fernández Huidobro (actual Ministro de Defensa Nacional), Raúl Sendic, Mauricio Rosencof, Ricardo Zabalza, Henry Engler, José Mujica (actual Presidente de la Nación), Julio Marenales y Jorge Manera. Adolfo Wasem murió en prisión.

[iv]En referencia a este resultado, Navarro Vinceng plantea: “Había que terminar con esas ““hipotecas del pasado””, dar vuelta la página, si no es que mejor arrancarla de la memoria social y de la historia nacional. La transición ““a la uruguaya””, tan modélica como la ““inmodélica”” española, ganaba consenso”. Navarro, 2010:5.

[v] En correlación con esta situación, la familia Gelman presentó ante la C.I.D.H una demanda contra el Estado uruguayo; luego de que las instancias judiciales nacionales consideraran ya juzgado y resuelto el caso de la desaparición, con presunción de asesinato, de la joven argentina María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, luego de parir en suelo uruguayo, en 1976.

[vi] En dicho proceso, de debate al interior del F.A, Eleuterio Fernández Huidobro renunció a su banca por considerar que el proyecto iba “en contra del mandato popular, que ya se pronunció dos veces a favor de la ley de Caducidad”.

[vii] A favor: Jorge Ruibal Pino, Jorge Larrieux, Jorge Chediak y Julio César Chalar. En contra Ricardo Pérez Manrique.

[viii] Para leer el dictamen completo de la Corte Suprema de Justicia remitirse a: sent_scj_22-02-13_inconst_ley_18831_difusion