Cinco claves para entender los derechos y humanos del macrismo

23.03.16

Cinco claves para entender los derechos y humanos del macrismo

En relación a los 40 años del inicio de la última dictadura militar, así como a la situación actual de los trabajadores estatales bajo el nuevo gobierno, se ofrece en todoamerica.info una reflexión sobre las transformaciones en materia de las políticas de derechos humanos, de los programas de verdad y justicia impulsados en los años recientes y de la encrucijada sociocultural frente al nuevo panorama.

 
I. Terrorismo laboral

La actual vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, reconoció la existencia de al menos 20 mil personas despedidas de la administración pública en todo el país y, aunque advirtió que eso no implica “masividad”, desdijo a su mesías, Mauricio Macri, actual presidente, quien aseguró que la cifra alcanzaba apenas a 6 mil personas. Sin embargo, las cifras en el despidómetro que maneja el sindicato de estatales ATE, habla de 30 mil despidos sólo en el sector público, mientras que en el Ministerio de Despidos (Modernización) se están revisando actualmente unos 25 mil contratos más, con especial hincapié en los denominados Artículos 9, contratos anuales, que vencen el 31 de marzo y que engloban a un buen número de trabajadores con años de servicios en el Estado. Por su parte, el observatorio de la CTA calcula en casi 70 mil los despidos entre diciembre y febrero tanto del sector público como privado, mientras que a la consultora Tendencias Económicas la suma le da 107 mil despidos, según publicó el diario La Nación. Para el macrismo, “hay trabajo estatal que es innecesario”, con “un millón y pico de gente que entró al Estado” y que “no tienen tareas”.

El Programa Verdad y Justicia, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue creado en 2007 con el fin de promover y garantizar el desarrollo de los juicios de lesa humanidad, de investigar los crímenes del terrorismo de Estado, contactar, notificar y evaluar el riesgo de los testigos. De esta dependencia, fueron despedidos doce trabajadores en los primeros días del año. El criterio fue temporal: los elegidos habían ingresado a trabajar o presentaban pases a lo largo del año 2015. Los registros de recursos humanos arrojaron el dato y se enviaron los los telegramas de forma automática. El Programa estaba en proceso de expansión y había incorporado profesionales formados y especializados en violencia institucional y en trabajo de archivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de esta forma, se deshizo de recursos humanos valiosísimos. Las modalidades del despido fueron variadas: anulación del permiso dactilar para ingresar a la sede laboral, bloqueo de usuarios de computadora, envío de telegramas de despido, entre otros. El tipeo de las contraseñas de acceso a las computadoras es hoy por hoy la actividad más peligrosa para los trabajadores del Programa. Los trabajadores despedidos tenían la modalidad más extendida de contrato en el Ministerio: la tercerización con un ente cooperador, pero no es la única ni la más o menos segura en términos de estabilidad laboral.

El Programa hoy, a tres meses de asumir el nuevo gobierno, apenas funciona, a la espera de la definición de las nuevas políticas de derechos humanos. Por lo pronto, fue transferido de la dependencia ministerial directa a la Secretaría de Derechos Humanos: se atenta así contra la posición de imparcialidad ante los tribunales construida con mucho esfuerzo, pues el trasladado implica una posición codo a codo con las tareas querellantes (de parte) de la propia Secretaría. Las nuevas autoridades en segundas y terceras líneas aducen que las decisiones se tomaron “arriba”, que su voluntad está excedida y, muchos de ellos, que ni siquiera votaron a Macri.

La formación de una masa de despedidos es uno de los ejes vertebradores del modelo de país proyectado por el gobierno nacional. Los despidos en el Estado funcionan como nave insignia de la flota macrista, gracias al sustrato mítico pero arraigado en la sociedad: que el Estado está lleno de ñoquis y que es “perturbador” que existan militantes políticos, lo cual se da de lleno con el desembarco de numerosos militantes y aliados del Pro. La alianza Cambiemos asumió los métodos del terrorismo laboral, al ejercer la persecución política, generación de incertidumbre, “planchado” de áreas sensibles, variadas modalidades de despidos y métodos represivos como la presencia policial para comunicar el fin del vínculo laboral y el maltrato y el destrato por parte de funcionarios. Lo sucedido en áreas de la Secretaría de Derechos Humanos, donde los despedidos a comienzos de marzo alcanzaban el número de 70, es sólo un ejemplo.

 

II. Hipocresía y guetto

Para la alianza Cambiemos, la fuerza social que acaba de ser derrotada electoralmente y a la cual ha destronado del gobierno nacional y de varios gobiernos provinciales y municipales, se caracteriza por su autoritarismo político y cultural y por su descuido de los derechos humanos. En contraposición, sostiene uno de los principales ideólogos del macrismo, la fuerza social triunfante, que ha accedido al control del Estado, es una fuerza democrática, republicana y moderna, cuyo líder, el empresario Mauricio Macri, “respeta los derechos humanos, cree en la separación de poderes, en la igualdad, es sencillo, trabaja en equipo y no se cree Dios”. Para Macri, “los derechos humanos no pueden ser en términos revanchistas” y además -advirtió hace poco tiempo- “hay que ocuparse de los derechos humanos del siglo XXI, ocuparse de lo que está pasando hoy”.

Hoy, nos toca recordar los 40 años del Golpe de Estado, el último y más sangriento que vivió nuestro país. El gobierno de Cambiemos recibirá en medio de los recordatorios al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien rendirá un homenaje a las víctimas de la “guerra sucia” (sic, concepto estadounidense para Terrorismo de Estado) en el Parque de la Memoria, donde recientemente también estuvo de visita el presidente francés Francois Hollande. Para dicho Parque, dependiente del gobierno de la Ciudad, los trabajadores denunciaron hace un tiempo su vaciamiento, así como de otras áreas vinculadas a la atención de víctimas, la precarización y persecución laboral. Antes de definirse el itinerario, se había barajado la posibilidad de que Obama pisara el Espacio para la Memoria, construido sobre la Ex Escuela Mecánica de la Armada, en los márgenes norteños de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, Macri visitó por primera vez de apuro el predio del ente. No lo había hecho en ningún momento de sus ocho años como jefe de gobierno de la ciudad.

Estados Unidos asegura ahora que procederá a iniciar la desclasificación de documentos de inteligencia estadounidense vinculados la última dictadura argentina. Funcionarios del gobierno nacional se mostraron “muy contentos” con dicha resolución, aunque no atendieron el reclamo de los organismos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y el Cels, de reincorporar a los despedidos en las áreas que atienden las políticas de Derechos Humanos. Estela de Carlotto, titular de Abuelas, exigió que espera que Estados Unidos colabore en la búsqueda de los nietos que fueron llevados al país del norte.

El presidente de Estados Unidos, país violador serial de los derechos humanos, del pasado y actuales, en todo el mundo, visitará la Argentina en una fecha de sensibilidad histórica crítica. Las promesas de desclasificar archivos históricos son un acto de oportunismo sincronizado con la fugaz visita de Macri a la Exma. En el Ente, que tiene la virtud de servir de faro de memoria, verdad y justicia, el macrismo va construyendo el guetto de los derechos humanos: todos juntos, apretados y limitados. Lejos de ser pensada como una matriz social y cultural que debe atravesar y permear todo ámbito institucional en el país, la política de derechos humanos es concentrada y apretujada en un ex centro de detención, tortura y desaparición. Allí, sin embargo, los trabajadores colgaron un gran cartel que rezaba: “La Esma no se USA”

 

III. Laissez faire, laissez passer: los juicios.

La máxima del liberalismo decimonónico, convertida en sentencia universal del neoliberalismo, es aplicada a los juicios de lesa humanidad. Durante la campaña presidencial de 2015, en su afán de atenuar la “campaña del miedo” de sus contrincantes, Mauricio Macri aseguró que no pondrían fin a los juicios de lesa humanidad, pues dejarían actuar a la justicia. La mano no se ve, pero está. En paralelo, el diario de la derecha tradicional La Nación, exigía “no más venganza” y terminar con “las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos”. En una contundente editorial, remarcaron la necesidad de dejar libres a los ancianitos que torturaron, asesinaron y robaron bebés y bienes personales de forma sistemática y masiva. En paralelo, el historiador radical Luis Alberto Romero pidió el fin de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado y pidió terminar con la persecución política. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ahora, impulsa el beneficio de la prisión domiciliaria para los acusados de crímenes de lesa humanidad mayores de 70 años. Apenas asumió, Claudio Avruj, titular de esta secretaría, recibió a representantes del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), alguno de los cuales mantienen más que sugerentes y vigentes lazos familiares con represores prófugos de la justicia.

Recientemente, el Programa Verdad y Justicia, junto a la Secretaría de Derechos Humanos, el Cels y Flacso, elaboró y publicó el informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado (bajar de http://empresasydelitosdelesa.blogspot.com). El informe investiga cómo en el territorio de los establecimientos fabriles, se combinaron con eficacia el accionar de las Fuerzas Armadas y el accionar empresarial para ejercer el poder represivo contra los trabajadores. Allí se estudia lo sucedido en 25 grandes empresas nacionales y extranjeras, de distinta actividad y variadas regiones del país, donde se encuentran distintas formas compartidas de responsabilidad (no complicidad) de dueños y cuadros directivos de empresas en crímenes de lesa humanidad cometidos contra más de 900 trabajadores y trabajadoras, de los cuales 354 están desaparecidos y 65 fueron asesinadas. El informe fue aportado a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, del Ministerio Público Fiscal. Algunas de estas empresas son Loma Negra, Ford -elegida actualmente por séptimo año consecutivo por el Instituto Ethisphere como “la empresa más ética del mundo”-, y los ingenios tucumanos Fronterita y Concepción.

El actual titular de Hacienda, Alfonso Prat Gay, quien comparó los masivos despidos estatales con sacarle el borde de grasa a un churrasco, es hijo de un funcionario de la dictadura (su padre fue director del Banco Nación), y figura como apoderado de una cuenta en el HSBC Ginebra, perteneciente a quien fuera una de las principales magnates del país, dueña de la investigada cementera Loma Negra, Amalia Lacroze de Fortabat. Por este motivo, Prat Gay fue investigado por evasión ante la AFIP. Su familia, por otro lado, es dueña del antiguo Ingenio Leales de Tucumán, una pequeña empresa que extrañamente sobrevivió el profundo proceso de reestructuración de la industria azucarera en los años sesenta que provocó el cierre de más de una docena de ingenios. Asimismo, fue uno de los aportantes (como Cía. Azucarera del Norte) al Fondo Patriótico Azucarero impulsado por Domingo Antonio Bussi en 1976. Ahora, la empresa está siendo investigada por permitir la instalación de un campamento militar en su predio durante el terrorismo de Estado y por la desaparición de cinco obreros que trabajaban para ella.

En el Programa Verdad y Justicia, que acaba de sufrir el despido de casi un cuarto de sus trabajadores, hoy no hay fondos ni siquiera para que los autores del informe viajen a realizar una presentación. El Programa participa de una Red de instituciones estatales de Investigación en Economía y Derechos Humanos. En dicha red, se informó que la comisión de derechos humanos de la Casa de la Moneda ha sido disuelta, que en la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia se puso fin a las investigaciones sobre delitos económicos, que en el Banco Central de la República Argentina, la subgerencia de Derechos Humanos fue disuelta y los trabajadores del área despedidos, que en las áreas homólogas del Ministerio de Defensa, claves en el trabajo de archivos de las fuerzas represivas, los trabajadores tienen los contratos vencidos hace dos meses y esperan que se cumplan las promesas de renovación, y que en la Unidad de Información Financiera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue despedido un tercio de los trabajadores, muchos de los cuales se encargaban de investigar delitos financieros en el país. La Oficina de Derechos Humanos en la Comisión Nacional de Valores fue mudada, sus integrantes dispersos en un piso y sus funciones ya no girarán en torno a la investigación.

El “dejar hacer, dejar pasar” se ajusta al constitucionalismo de los poderosos. Lo que se admite es que el poder Ejecutivo dejará de colaborar con los actores judiciales, en cuyo mundo el afán de investigar y avanzar con este proceso de justicia no está demasiado extendido. Durante años, el trabajo mancomunado de organismos e instancias estatales ayudó a desentrañar lógicas del genocidio y a identificar a sus responsables directos: los represores. Esto permitió acelerar el proceso de justicia, sin perder rigor ni objetividad. Cumplir con las exigencias de La Nación, Romero y cía., implica en buena medida quitar al Estado la virtuosa proactividad demostrada en los últimos años en esta materia. Si esta parece una tarea difícil para el gobierno de Cambiemos, no lo es así terminar con las investigaciones que apuntaban a enseñar responsabilidades de civiles, especialmente empresarios, en el terrorismo de Estado. El 28 de marzo, si nada extraño sucede, se conocerá el primer fallo en la historia del país contra un empresario acusado de crímenes de lesa humanidad. Se trata de Marcos Levín, dueño de la empresa salteña de transportes de pasajeros La Veloz del Norte. No es algo que el macrismo haya podido evitar, pese a que Levin recibió en su hotel al líder de Cambiemos durante la campaña presidencial. Aunque existen algunos pocos casos avanzados (Ford, Aguilar, Acindar), el caso de Levin tiene destino de lobo marsupial que alguna vez vivió perdido en Nueva Guinea.

 

IV. Proceso de Cambio Nacional

El informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, enseña una serie de prácticas empresariales represivas que conformaron una estrategia de disciplinamiento basada en el terror. Algunas de estas prácticas detectadas fueron el secuestro y asesinato de trabajadores en el interior de los establecimientos laborales -en conjunto con sus despidos-, la entrega de información privada a las fuerzas represivas, la participación de altos jerarcas militares como cuadros empresariales y la habilitación de espacios de las empresas para el asentamiento de campamentos y guardias militares, y centros de detención y tortura, entre muchas otras. Algunos obreros eran guerrilleros, otros activistas o simpatizantes, peronistas o marxistas, la mayoría ejercía funciones gremiales en los centros de trabajo o en el sindicato, otros apenas enseñaban muecas de rebeldía.

El equipo ministerial que reestructuró la economía del país a partir de 1976 tuvo como eje de sus ataques la inflación descontrolada, el empleo público y el poder organizativo y salarial de la clase trabajadora. El vocabulario exculpatorio remitía a “excesos”, “desórdenes”, “anarquía”, “perturbaciones” y “desviaciones”. Apenas asumido el gobierno de facto, se produjo una brutal retracción del 40% en los salarios, se aplicó de forma catastrófica la ley de prescindibilidad y se aplicaron múltiples políticas de segmentación de la fuerza de trabajo (con hincapié en la brecha salarial). La destrucción industrial y el engrosamiento de la masa de desocupados fue clave para llevar la distribución del ingreso nacional de un 48% a favor de los asalariados en 1974, a un 22% en 1982.

Este proceso de reestructuración económica tuvo como eje vertebral la financiarización de la economía y la instrumentación del “sistema de endeudamiento” como un mecanismo de dominio político y económico de parte las potencias imperialistas, del capital transnacional y de los grupos locales concentrados. Hoy, dicho mecanismo, que la fuerza social gobernante durante los últimos doce años intentó sin éxito maniobrar y controlar, fue recompuesto: la incólume Ley Cerrojo sucumbe. El desempleo y la deuda externa se vuelven a tomar de la mano para ascender en la montaña rusa del mundo bajo dominio de las finanzas.

Un reciente informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), pone de relieve cómo por primera vez en la historia moderna del país los sectores dominantes accedieron al control del Estado mediante un partido propio y el voto ejercido democráticamente, dejando de lado los medios militares o de fraude electoral utilizados en otras experiencias durante el siglo XX. El informe indaga, por un lado, el análisis de formación de grado y posgrado de los funcionarios actuales y su vinculación con las diferentes fracciones del capital. Los resultados avalan las caracterizaciones del actual gobierno de Cambiemos como “gobierno de los CEO” o como “Ceocracia”. Las formaciones en universidades financiadas por las fracciones industriales y financieras más concentradas y los saltos de gerentes de empresas de primer nivel internacional a cargos públicos, sólo ofrecen una mirada del gobierno que implementó apenas asumido un brutal giro a la redistribución del ingreso en el país, mediante aumentos de tarifas, megadevaluación, quite de retenciones a los sectores productivos y despidos masivos.

“Subversivos”, ayer. “Militantes” y “ñoquis”, hoy. Los aciertos y desaciertos de gobiernos populares generan el mismo horror en los poderosos. Por virtudes de nuestra sociedad, no el mismo terror. Apostaron a las elecciones, tienen la fuerza del voto y su poder de fuego ha mutado: medios y rosca judicial. El cambio es profundo. El proyecto, sin embargo, es el mismo, para los mismos.

 

V. Los derechos y humanos del siglo XXI

Las características del elenco gobernante y su proyecto económico hablan sobre sus políticas de derechos y humanos. La impostura, el oportunismo y el cinismo son las variables constantes: el trabajo y la experiencia acumulada les pone límites, desconocen el terreno, pero se adaptan y deshacen. No se incomodan al contradecir el desprecio público que enseñó el ministro porteño Darío Lopérfido hacia las víctimas del terrorismo de Estado o en retractarse y recibir el propio Macri a los organismos. Tampoco se ruborizan al admitir la participación estadounidense en el golpe de Estado de 1976 como hizo Avruj o en clamar por el “nunca más”, como hizo Macri en su primera apertura de sesiones del Congreso nacional.

Los derechos humanos tienen un componente ético universal que no puede ser menospreciado y deben ser atendidos para impedir que se transformen en el eje resistente de una fuerza social que pronto pueda convertir sus proyectos en diez segundos de fama. La impostura, sin embargo, deja entrever lo que los incomoda: “Este año se cumplen 40 años del golpe militar, cuando se consolidó la época más oscura de nuestra historia. Aprovechemos este año para gritar todos juntos nunca más a la violencia institucional y política”, aseguró Macri. La ambigüedad de la proposición no esconde la intención vertebral: se acabó el terrorismo de Estado. La política de derechos humanos tal como fue configurada por los organismos que luchan por la Verdad, la Memoria y la Justicia, en las últimas décadas, fuera y dentro del Estado, debe ser atacada.

La posibilidad de construir políticas estatales de derechos humanos integrales, que amplíen y solidifiquen las investigaciones y sanciones sobre el terror del pasado para que actúen como pilares de una política proactiva del siglo XXI, representa un horror sin fin para la alianza hoy gobernante. Matar al “ángel de la historia” y arrojar un oscuro velo a la etapa del pasado reciente que más viva se encuentra en la realidad actual, es una tarea primordial de su agenda: no vaya a ser que se sigan descubriendo las huellas que los señalan como discípulos y algo más de aquel terror. La táctica del momento, sin embargo, sólo puede tener marcos globales. Si no podemos atacar los derechos humanos, ataquemos a los trabajadores. Su guía inconfesable se convierte en un grito de resistencia: “¡Sin trabajadores, no hay derechos!”.