Ante la crisis política en Honduras

04.12.17

Ante la crisis política en Honduras

En la madrugada del 28 de junio de 2009, el ejército hondureño, con el aval de Estados Unidos, derrocó al gobierno de Manuel Zelaya y lo reemplazó temporariamente por Roberto Micheletti, una figura proveniente de una fracción opuesta del propio Partido Liberal del ex mandatario. Con ese hecho, se puso fin al inestable experimento democrático iniciado en ese país centroamericano en 1982. A partir de entonces se abrió un período de enorme inestabilidad política, económica y social que continua hasta el día de la fecha, agudizándose con la actual crisis abierta con las elecciones del último domingo de noviembre.

En efecto, en esa jornada el pueblo hondureño debía decidir, entre otros cargos electivos, el próximo presidente de la república, en reñidos y sospechoso escrutinio el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se pronunció a favor del actual mandatario y candidato oficialista del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, frente a Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición. Cabe observar, que en Honduras no hay segunda vuelta electoral, por ende, gana el aspirante que obtenga más votos. Debido a la falta de transparencia en el conteo de los votos, numerosos sectores de la población comenzaron a movilizarse exigiendo, en un comienzo, transparencia en el mismo. Ante ello, el gobierno dispuso el toque de queda, el cual no fue acatado por gran parte de la sociedad civil que continuó manifestándose toda la semana en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela, entre otras ciudades. Así, durante todos estos últimos días, se han protagonizado numerosas protestas con bloqueos de carreteras, casillas de peaje y puentes en todo el territorio, lo que ha provocado una feroz represión con un saldo de siete muertos, veinte heridos y más de quinientos detenidos por protestar.

En este contexto, conviene recordar que la situación social en Honduras en los últimos años se ha agravado en diversos órdenes. En primer lugar, como lo fue durante la guerra fría, el país sigue desempeñando un lugar estratégico para el desplazamiento de tropas de Estados Unidos hacia el conjunto del continente con la presencia que ejercen en la base aérea de Soto Cano, ubicada en Palmerola. En segunda instancia, las empresas multinacionales han incrementado la explotación del territorio generando ecocidios donde se han exterminado pueblos enteros, provocando el asesinato de cientos de defensores de derechos humanos y del medio ambiente, entre ellos a Berta Cáceres en marzo de 2016. Por último, no menos importante, la aguda crisis ha conducido a acentuarse una masiva migración de mano de obra barata e indocumentada hacia Norteamérica.

En conclusión, la incertidumbre política provocada por la sospecha de fraude conduce como tarea inmediata que el actual mandatario finalice la represión, que las fuerzas armadas regresen a los cuarteles, y que los trabajadores y los movimientos sociales elijan una salida independiente de la propuesta por los partidos del régimen y sus aliados. 

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