Agroindustria palmera, una estrategia de despojo de tierras en Tumaco

11.03.20

Agroindustria palmera, una estrategia de despojo de tierras en Tumaco

En Nariño, el cultivo de la palma aceitera ha sido, más que un negocio lucrativo, un proyecto de control territorial que tuvo su mayor apogeo entre 2002 y 2012, periodo que coincide con una mayor presencia de los grupos paramilitares en la región. Un caso emblemático de cómo se ha dado la concentración de tierras a través del despojo es el Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera.

Con sus 24.790 hectáreas, 42 veredas, 39 comunidades y cerca de 7.000 habitantes agrupados en unas 1.700 familias, el Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera –ubicado en límites con  Ecuador– es el tercero más grande de Tumaco, después de los de Bajo Mira y Frontera, y Unión del Río Chagüí.

En entrevistas con grupos de afrodescendientes de la región realizadas entre 2013 y 2017, varios de ellos relataron que durante esos años los ganaderos “compraban la tierra a 20 o 30 pesos”, pero también se las cambiaron a sus parientes por herramientas de cocina o para los cultivos; a otras personas les prometieron trabajo en las empresas que ellos crearían en la zona.

Como no todos los campesinos vendieron sus predios, los ganaderos los presionaron de otra manera, como por ejemplo corriendo las cercas o dejando que su ganado pastara en tierras ajenas destruyendo los cultivos de cacao, plátano o chontaduro, alimentos esenciales para la seguridad alimentaria de estas comunidades. Entonces, no solo no les reconocían los daños, sino que además, por ser una práctica constante, el campesino terminaba vendiendo su tierra.

En los años sesenta la mayoría de los predios no pertenecía a los afrodescendientes; como no tenían el título de propiedad ni el registro, los empresarios utilizaban los mecanismos notarialespara comprar tierras que aparecían como baldíos, es decir territorios del Estado.

Por otro lado, si los campesinos vendían 2 hectáreas, por ejemplo, “el empresario llevaba su propio topógrafo para realizar las mediciones y terminaba arrebatándo les 2 o 3 hectáreas de más”. Así crecieron empresas como La Cubana, de Alberto Corredor –reconocido ganadero de la región que terminó convertido en palmicultor–, j3, de los Arbeláez de Cali, y La Miranda, de Valentín García.

La concentración de la tierra creció tanto, que mientras hace tres décadas años había 14.000 hectáreas (ha) plantadas de palma, en 1996 el área alcanzaba las 30.000 ha, y en 2006 alrededor de las 37.000 ha. Además, a finales de los noventa había cerca de 24 de grandes empresas palmicultoras, cinco de ellas con más de 1.000 ha.

Titulación bajo presión

A partir de 1991, constitucionalmente los afrodescendientes tienen derecho sobre sus territorios gracias al artículo 55 transitorio, que dio origen a la Ley 70 de 1993, pero solo comenzaron a ser titulados después de que la organización palenquera del Pacífico y las asociaciones de negritudes presionaran por la implementación de la política afro.

Aunque el entonces Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) llegó a Tumaco para realizar las titulaciones pertinentes de la tierra, uno de estos territorios quedó por fuera porque una empresa palmera alegaba su posesión.

Con base en la Resolución Defensorial n.o 059 del 29 de diciembre de 2010 (sobre vulneración de los derechos a la tierra, al territorio y al medio ambiente de la comunidad del Alto Mira y frontera – Tumaco, Nariño), la Defensoría del Pueblo conminó a una importante empresa palmicultora a que acatara la Resolución n.o 0525 de 2006 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), que “incluyó en el título colectivo las 800 hectáreas ocupadas por esta empresa y en consecuencia las restituya al Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera en condiciones óptimas de explotación”.

Sin embargo esta restitución jamás se hizo, es decir que la limpieza bioecológica por el material cultivado nunca se realizó y tampoco repararon el daño al suelo que conllevó el uso de pesticidas como el glifosato.

Conflicto armado y despojo de tierras

Al inicio del nuevo milenio, y como consecuencia de las operaciones militares del Plan Colombia en Caquetá, Putumayo y Cauca, los cultivadores de coca llegaron a Tumaco para apropiarse de territorios afrodescendientes. Detrás de ellos lo hizo el Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc), estructura proveniente del Bloque Central Bolívar al mando de Diego Fernando Murillo, alias “don Berna”, y Guillermo Pérez Alzate, alias “Pablo Sevillano”. El objetivo: hacerse con las rutas del narcotráfico por el río Mataje en frontera con Ecuador y la salida al mar hacia Buenaventura.

Tras su desmovilización en 2006, antiguos miembros del Bloque Libertadores del Sur pasaron a formar parte de la banda criminal “los rastrojos” y crearon el “clan de los Barrera”, estructura que –en la vereda de Inbilí– fue absorbida por un pacto entre dichas organizaciones, del que además formaron parte las farc.

El discurso de la “seguridad democrática” sirvió como base para disciplinar a la población en lo económico, político y social, lo cual mermó la organización afro-descendiente para abrirle espacio a la acción tanto de los empresarios palmeros como de los narcotraficantes. Los paramilitares despojaban, entraba el Ejército a las propiedades desoladas e intimidaban a la población para después vender las tierras a sus demandantes, fueran empresarios o carteles de la droga.

En consecuencia, en sentencia de 2017 contra el Bloque Central Bolívar de las auc, la Fiscalía General de la Nación señaló que “desde su origen, el paramilitarismo se propuso: a) erradicar la subversión, b) eliminar todo tipo de agremiación política y c) modificar la tradición agrícola nacional, a través de megaproyectos rurales centrados en la producción a gran escala de monocultivos de palma de aceite y otros proyectos que llevaron a la industrialización de la tierra luego del despojo del que fueron víctimas cientos de campesinos y parceleros”.

Agroindustria y despojo

Entre 2006 y 2009 el sector palmero fue uno de los renglones de la economía de Nariño que más recibió créditos condonables a través de instituciones como Finagro o el programa Agroingreso Seguro para flexibilizar la crisis provocada por la pudrición del cogollo, una enfermedad que diezmó los cultivos de palma.

Aunque algunas asociaciones –como la Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de Tumaco (Cordeagropaz)– también fueron beneficiadas con estas ayudas, una suerte diferente corrieron otros pequeños palmicultores, ya que los créditos para el campesino no eran condonables, y muchos, que no podían vender el fruto para el procesamiento en las extractoras de aceite,perdían el producto, no recibían ingresos de la palma cultivada y perdían la tierra que habían hipotecado para recibir un préstamo.

En este periodo muchas de las personas que perdieron sus empleos y sus tierras migraron a Ecuador, Cali y Bogotá, o a municipios como Villanueva (Casanare), donde se cultivaba palma. Dada la situación, muchos afrodescendientes se dedicaron a la producción de hoja de coca y al procesamiento de la cocaína.

Tras el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las farc, los territorios fueron invadidos por las autodefensas gaitanistas de Colombia, el Cartel de Sinaloa y el “clande Montebello”. Mineros, exmilitares y exfuncionarios de cuerpos de seguridad del Estado se han encargado de la expansión de las rutas del narcotráfico.

El despojo y la acumulación de tierras siguen sin dar validez a la restitución. La sustitución de cultivos de uso ilícito se cambió por la sustitución forzada, el regreso del glifosato y los ataques a las poblaciones. Todo esto es el resultado de la inequidad y del estímulo del Gobierno a las acciones armadas más que a la construcción y protección de los territorios afros, signando los territorios a ser la cuna de los conflictos sociales y políticos que han profundizado el conflicto armado en Colombia.

*magíster en Sociología Económica, Instituto de Altos Estudios Sociales (Idaes), Universidad Nacional de San Martín (Argentina)

Publicado originalmente en: Periódico – N.o 224 – Universidad Nacional de Colombia marzo 2020