¿Qué pasó en Curuguaty?

18.12.18

¿Qué pasó en Curuguaty?

Análisis y cronología.
El 15 de junio de 2012, en la localidad de Curuguaty (Paraguay), a 250 km de Asunción, estalló una masacre en la que murieron 17 personas: 11 campesinos y 6 policías. En el centro de ese drama está el despojo de tierras. Tierras usurpadas por poderosos (en connivencia con el Partido Colorado y la para nada lejana dictadura stronista). Tierras disputadas por el campesinado sin tierra (que en verdad tiene el sentido de: sin vida). Tierras vedadas por un Estado negador-serial de derechos. Además de las muertes y de un largo periplo de injusticias por lxs campesinxs que sobrevivieron a la masacre, ese hecho dio pie a un golpe de Estado.

Hipótesis y discusiones

1. Apertura

Se han cumplido cinco años de la masacre de Marina Kue, Curuguaty (15 de junio de 2012), el evento que marcó el devenir político del Paraguay en esta segunda década del siglo XXI. Su ocurrencia derivó de manera inmediata, una semana después, en el golpista juicio político destituyente del entonces gobierno de Fernando Lugo y reconfiguró las ubicaciones de los actores políticos del país en un sentido amplio –partidos, movimientos sociales y corrientes de posición sustentadas en diversos intereses y análisis de la realidad–. En su aspecto vinculado con los hechos criminales, el caso derivó en el juicio seguido a un conjunto de doce personas, condenadas con excepción de una de ellas, adolescente en el momento de la masacre. El punto más alto de inflexión en este proceso –pero no final– fue la sentencia, dictada en julio de 2016, que condenó como culpables a once víctimas y supervivientes –campesinas, campesinos– a penas carcelarias, imponiendo de esa manera la sombra de la injusticia más absurda sobre todo el Paraguay. Pero el caso Curuguaty no acabó con esa sentencia. Continúa su proceso judicial y, sobre todo, prosigue su contundente peso sobre la historia de todo un país y de la región latinoamericana. Sobre Curuguaty pareciera que ya se dijo mucho, pero nada ha sido suficiente para conmover los cimientos, las consecuencias y los sentidos del caso. Y cuando pareciera que ya ha quedado lejos, actualiza su vigencia. El objetivo de este texto es debatir sobre los sentidos que Curuguaty fue acumulando en los últimos cinco años y presentar algunas hipótesis acerca de su impacto en Paraguay, en medio de un tiempo donde se definen escenarios electorales y se reacomodan las posiciones desde donde actores, partidos y ciudadanía proyectan futuros posibles del Paraguay.

2. Actualización: un proceso inconcluso

La palabra más asociada con el caso Curuguaty es “injusticia”. Esto es lo que continuamente se actualiza con el proceso judicial seguido a los campesinos y las campesinas, que sigue aportando eventos que ratifican el sentido principal de las actuaciones estatales con respecto al caso: que el Estado, bajo su concepción y sus operaciones actuales, es una herramienta de dominación de clase, cuyos hilos de poder de ninguna manera se desprenderán del control de quienes representan a los sectores que históricamente los han manejado. Así, todo el proceso judicial del caso Curuguaty es una colección de eventos que giran sobre el mismo eje: desde la perspectiva de los actuales poderes políticos, económicos y fácticos del Paraguay, no es posible hacer justicia, porque eso negaría su propia capacidad de sostener la dominación y porque si se hiciera los actores que controlan el sistema judicial –y también los otros poderes estatales– deberían dar cuenta de actuaciones basadas en la arbitrariedad y la ilegalidad. El caso Curuguaty desnudó en gran medida este modo de operaciones estatales basadas en la injusticia y con un sentido de dominación, debido a varios factores; principalmente lo burdo de las actuaciones de los actores del sistema de fuerzas públicas y judiciales, que acostumbrados a la impunidad pusieron en marcha un proceso plagado de errores y parcialidades1 , y –por otra parte– la disputa de discursos acaecida en torno a este caso, donde al menos parte importante de una ciudadanía indignada no se conformó con el libreto oficial desplegado sobre la masacre, exigiendo verdad (la pregunta ¿qué pasó en Curuguaty?) y justicia (la demanda de nulidad del proceso). La injusticia propiciada por el sistema judicial se vuelve así una herramienta para el sostenimiento y permanencia de este Estado bajo sus mandantes históricos, y para ello se precisa de ensañamiento, porque con eso se consigue ejemplaridad y así se impide que se siga repitiendo la exigencia de derechos. Es lo que puede verse con la sentencia de primera instancia, de magnitud desaforada si se tiene en cuenta que a ninguna de las personas condenadas se le ha podido probar que haya siquiera disparado alguna de las armas que mataron a los policías (porque la muerte de los campesinos no importó nunca a la (in) justicia penal): Rubén Villalba con 30 años de prisión, Luis Olmedo con 20 años, Néstor Castro y Arnaldo Quintana con 18 años, Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López con 6 años (las mujeres condenadas purgan lo que queda de la pena bajo arresto domiciliario), Felipe Benítez Balmori, Juan Carlos Tillería, Adalberto Castro y Alcides Ramírez con 4 años (estos últimos ya habían cumplido con dicho tiempo de privación de libertad). Esta sentencia fue recientemente (en junio de 2017) ratificada por el tribunal de apelación, dejando así a la condena ante apenas una posibilidad más en el sistema interno, que es recurrir ante la Corte Suprema de Justicia, una instancia que ya ha mostrado escasa voluntad para destrabar el caso2 . Hubo un único destello de esperanza de justicia con relación al caso, propiciado por el sobreseimiento de una de las procesadas, Raquel, quien en el momento de la masacre era adolescente. Sin embargo, la propia Fiscalía apeló esta sentencia, cumpliendo así plenamente con la condición de ensañamiento. Por si fuera poco, varios de los profesionales abogados que atendieron el caso han sido también sometidos a sumarios. Así, la ejemplaridad cobra su cabal dimensión: no solo habrá condenas destructivas, sino además la defensa será imposible, porque a su vez será castigada. De esta manera se cierra el círculo de la sujeción que atenaza a quienes resisten ante un modelo de Estado aprisionado por los privilegios y sus detentores. Así se consolida un Paraguay signado por la injusticia y la dominación. 

3. Los impactos políticos

Curuguaty es un gran peso político sobre el Paraguay, pues representa la imposibilidad de modificar las bases sobre las cuales se ha construido y sigue funcionando el Estado paraguayo. La masacre ocurrió porque resultaba inadmisible la resistencia campesina ante la apropiación y expulsión de sus tierras históricas, y el golpe porque se necesitaba recuperar el mando ante la pérdida de poder político con un gobierno que en alguna medida –más bien tímida– se desmarcaba de los mandantes históricos. Los impactos políticos de la masacre y el posterior golpe siguen vigentes y se magnifican ante la inminencia del proceso electoral previsto para 2018. El primer gran impacto es el retorno a la matriz de gobiernos de tinte autoritario bajo los que Paraguay ha vivido casi toda su historia como país independiente. Más en concreto, y contemplando apenas el periodo más reciente, la masacre y el golpe fueron el preámbulo del regreso al gobierno del Partido Colorado, para proseguir su ejercicio del poder de ya 65 años, interrumpidos apenas entre 2008 y 2013 (incluyendo los nueve meses de gobierno liberal golpista de Federico Franco). Lo específico de este nuevo periodo es que el modelo autoritario se ha consolidado bajo un renovado ropaje democrático, habiéndose retomado la “normalidad” de los procesos electorales y, sobre todo, reatado alianzas y aceptaciones mutuas entre los diversos actores (golpistas y golpeados) sobre la base de intereses más coyunturales o permanentes, vinculados sobre todo con la posibilidad de ganar elecciones, de acceder o permanecer en el poder. Todo esto, que es parte ineludible de la democracia, tiene un problema de fondo cuando se asienta sobre bases de uso discrecional del poder, de arbitrariedad, de violación de derechos humanos y de impunidad. Y aquí de nuevo entra Curuguaty, pues la sujeción del sistema político, sin resquicios ante unas fuerzas públicas asesinas y un sistema judicial que opera como cancerbero implacable, sigue sucediendo no solo con las condenas, apelaciones y ratificaciones ya señaladas, sino con numerosos nuevos episodios de persecución a sintierras y no solo, también a políticos y otros. Lo ocurrido entre marzo y abril de 2017 con las represiones en las calles de diversos lugares del país y con el asesinato de Rodrigo Quintana en la sede del Partido Liberal, así como el procesamiento de varios manifestantes tras la quema del Congreso, luego de las manifestaciones y debates en torno al tema enmienda constitucional sobre la reelección, muestra cómo funcionan las cosas bajo un régimen autoritario. Ni qué decir con los casos de lucha por la tierra: Guahory, Itakyry y otros, de ataque al campesinado, de extrema gravedad. Esto muestra cómo se ha consolidado el modelo estatal paraguayo: los abusos propiciados desde el poder polí- tico y sin posibilidades de límites desde algún otro sector del mismo, representan una combinación altamente autoritaria. El caso Curuguaty –junto con el golpe posterior– rehabilita y expande el alcance de este modelo, que ratifica su potencia por haberse disfrazado de normalidad: las elecciones, las alianzas, las propuestas políticas, suceden todas como si nada de lo demás ocurriera o como si no importara. Como si las reglas y sus sentidos fueran accesorios o en todo caso acomodables al interés sectorial, sea coyuntural o de fondo. Una democracia construida de esta manera no es tal, sino apenas una cáscara que envuelve a un sistema injusto. La evolución política pos Curuguaty y pos golpe muestra además el quiebre de las alternativas a este modelo. La alianza entre sectores de oposición con que se ganaron las elecciones de 2008 se rompió con el golpe de 2012, en tanto que la incipiente unión de las fuerzas de izquierda (agrupadas en el Frente Guasu en 2010) estalló con las primeras elecciones posgolpe de 2013. Un nuevo quiebre de posibilidades de construcción de alternativas se verificó con los episodios en torno a la enmienda de 2017, habilitando un camino libre de obstá- culos para la consolidación del Partido Colorado en el poder, ante lo cual hasta ahora no parece haberse recompuesto alguna opción. La sociedad paraguaya se debate entre el modelo autoritario y la anomia, mientras la ciudadanía democrática no encuentra aún el modo de articular propuestas que representen caminos de cambio social en un sentido de justicia e igualdad3

4. Los sentidos de Curuguaty4

Curuguaty es una lucha sobre significados, que se verifica no solo en el plano del poder estatal y sus discursos, sino también en el del académico. Sabemos muy bien que en nuestro mundo, y en el de la academia también, o en el de los “estudios latinoamericanos”, hay saberes legítimos, países legítimos, significados legítimos, que en tanto legítimos son dominantes y que tienen mayor posibilidad de circulación. Y la “circulación del conocimiento es parte de la distribución social del poder” (Fiske, 1989: 150). Esos significados integran las llamadas culturas hegemónicas, que como tales tienen mayor poder de ser conocidas y aceptadas. Esos significados legítimos están implicados en relaciones de poder. Curuguaty no es un significado legítimo o lo es muy relativamente, o quizás apenas empiece a serlo con dificultad, con trabas, o de manera accesoria. Siempre menos, es cierto, si pensamos que el cineasta paraguayo Marcelo Martinessi ganó en 2016 un premio en la Biennale di Venezia con La voz perdida (2016), un corto sobre Curuguaty. O que el caso está presente en publicaciones ya no solo de Paraguay, sino también de otros países, como es el caso del libro Curuguaty. Carnificina para um golpe, del periodista brasileño Leonardo Wexell Severo (2016). Pero esto aún no hace de Curuguaty un significado menos accesorio. Pero lo que vamos diciendo sobre Curuguaty, de a poco, de dos y de a muchas voces, va tomando cuerpo y va creando sentidos imprescindibles para entender cómo y por qué sucede lo que va pasando en América Latina. Si Curuguaty significó algo, desde el punto de vista del poder, fue el intento de imponer una “verdad” falsificada sobre la masacre, para normalizar el despojo de tierras, de vidas y de todo el proceso de difícil construcción democrática en el Paraguay. Pero, además, ha situado a ese topónimo –Curuguaty, lugar del curuguá– impregnado de un drama social propio de la opresión, dentro de un análisis de las estructuras de poder económico y político que controlan la vida cotidiana del Paraguay. Y también nos ha permitido identificar su carácter ejemplar en el Cono Sur del siglo XXI, pues dio pie al primer golpe de Estado en nuestra región, en 2012, luego del de Honduras de 2009 y antes del de Brasil de 2016. Masacre y momento de inflexión sin parangón, pues marcó el comienzo del retorno de la derecha en el sur de América del Sur. Al respecto, un país como Paraguay, que parecería ser más parecido al desierto de las teorías, paradójicamente ha colaborado a acuñar una nueva categoría política e intelectual, gracias a la derecha. Esa categoría es: “golpe a la paraguaya”. Paraguay se convirtió en modelo para los golpes institucionales de la derecha, por lo menos en el Cono Sur. De hecho, el golpe de 2016 en Brasil despertó las heridas que hace cuatro años marcaron y dividieron a Paraguay. El golpe paraguayo fue señalado como el modelo seguido por esos sectores de derecha neoliberal corrupta brasileña, empecinada en bajar del poder a un gobierno democráticamente electo. ¿Cómo? Por la vía de ese mecanismo constitucional que se llama juicio político. El llamado “golpe a la paraguaia”, tal como lo nombró la misma presidenta del Brasil, Dilma, es parte de una familia de operaciones políticas. Una familia que configura toda una genealogía para los gobiernos de izquierdas en América latina. El de Paraguay fue el segundo de los llamados “golpes blandos” y que tuvo éxito desde el inicio de este siglo. Honduras, Paraguay y Brasil fueron los primeros golpes exitosos. “Exitosos” porque antes ya había habido otros no exitosos: en Venezuela en 2002 y en Bolivia en 2008, así como hubo después en Ecuador en 2010. En cambio, en la Argentina, el caso Nisman dio lugar a amenazas que no llegaron a concretarse, hasta que en 2015 se produjo el cambio de gobierno en dirección de derecha por vía electoral. ¿Detrás de todo este entramado qué hay? Hay una derecha en movimiento, en proceso de rearticulación continental/mundial y de retorno. Una derecha que se posiciona en contra de su pérdida de privilegios, que ve como amenaza la más mínima redistribución de la riqueza y que desea plena liberalidad para hacer sus negocios sin las irritaciones que conlleva el aumento de derechos para las grandes mayorías latinoamericanas. Curuguaty debe ser mirado en el foco de este contexto. Curuguaty condensa en una única palabra un conjunto importante de experiencias históricas. En particular, el modo actual en que se defiende el agronegocio y las tierras malhabidas de herencia stronista en Paraguay y –sobre todo– cómo el poder actúa de forma diferencial en la vida cotidiana bajo el imperio del capital. Sabemos de sobra que raza, clase y género forman una intersección con las relaciones coloniales y neocoloniales, tanto nacional como internacionalmente. Masacrar a un conjunto de 16 campesinos y policías en Curuguaty significó –además del golpe al gobierno Lugo– dejar espacio al “progreso” sojero, garantizado en este caso por la firma Campos Morombí, propiedad del connotado dirigente político colorado Blas N. Riquelme, hoy ya fallecido. Se trata de un hecho inscripto en un patrón de actuaciones que ha tomado cuerpo en Paraguay y que sigue repitiéndose, con total impunidad, como se ha podido ver en otros muchos casos, como en Yva Poty, en Guahory, en Itakyry. ¿Cómo no desalojar a campesinos o a indígenas cuando frecuentemente no tienen documentos de posesión sobre las tierras donde han vivido por añares, antes de la existencia de la soja, del agronegocio, de los brasiguayos, de Stroessner, de las tierras malhabidas, de los colorados y de los liberales, antes de los bancos, de las hipotecas y de los títulos de propiedad? Con el desalojo se dejan “libres” unas tierras para que los poderes concentrados sobre empresas privadas puedan ocuparse de la producción intensiva de soja, fumigando sin resistencia, con protección policial-estatal y condenando a los campesinos a migrar hacia las ciudades, arrastrando sus escasas pertenencias para terminar aterrizando en algún asentamiento periférico –como los bañados– siempre en expansión. Asentamiento desde donde buscarán algún trabajo que les permita sobrevivir. Eso sí: a condición de que todos los componentes de la familia trabajen, niños incluidos; ¿y si no, acaso, quiénes son esos niños que limpian vidrios en los semáforos de Asunción o de Buenos Aires sino los hijos de los campesinos muertos o desplazados o encarcelados de Curuguaty? Porque el nombre Curuguaty representa cabalmente el drama histórico y actual del Paraguay. Curuguaty aclara y cristaliza lo que la realidad es realmente: relaciones de dominación y explotación activas en la sociedad paraguaya. Curuguaty es la razón por la cual hay (y para ciertos sectores debe haber) campesinos sin tierra. Que quiere decir sin existencia: sin vida. Puede decirse esta frase –campesinado sin tierra– porque en Paraguay hay mucha gente a la que Curuguaty le gustó. Y por eso mismo, lo que hubiera debido ser una plaza de la resistencia al golpe fue una plaza tendencialmente vacía. Curuguaty fue posible, es posible, porque hay poderes que desprecian y temen las vidas de quienes ven como otros “descartables”, por lo que atentan con todos los medios que tienen a disposición en contra de esas vidas: por expulsión y desplazamiento, por negación, por obligación de disimularse, asimilarse o someterse, o por la vía final de las balas. Además de las fuerzas políticas enfrentadas entre sí y enfrentadas al gobierno Lugo, además del deseo de los colorados de volver al Palacio López –que según parecen creer les corresponde por “derecho natural”–, Curuguaty puede ser entendido solo si reconocemos la compleja cadena de formación del capital (internacional y nacionalmente), las necesidades contradictorias de clase y las relaciones estridentes entre campo y ciudad, entre la modernidad y lo que se visualiza como atraso, entre las compresiones de civilización y barbarie que (des)organizan a Paraguay. Curuguaty es además la negación de los derechos humanos fundamentales –a la vida, al trabajo, a la salud, a la cultura. Significa la destrucción del ambiente a mano de la soja genéticamente modificada, condiciones humillantes que implican sobrevivir más que vivir, la falta de un futuro significativo para una cantidad infinita de niños condenados a sostener con sus vidas una historia de expoliación y desigualdad social. Y esto en Paraguay y en muchas otras latitudes de América Latina es una realidad brutal que millones de personas padecen cotidianamente en sus propios cuerpos. Curuguaty significa también la destrucción de las relaciones de producción y el empobrecimiento complementario, el despojo, de miles de ciudadanos en un país como Paraguay. Ahora, ese conglomerado no puede separarse de la capacidad de consumo de los pueblos de otras naciones: de todas esas naciones que compran la soja genéticamente modificada producida en Paraguay o en la región del Cono Sur latinoamericano. Curuguaty es un acto social pleno. Implica una larguísima cadena de relaciones, de procesos de dominación y subordinación –a veces muy ocultos– que se concretan o concretaron en la expulsión de millones de personas de su tierra (específicamente: territorios), que las obligaron a ubicarse en las periferias de las ciudades paraguayas, argentinas, brasileñas, españolas, francesas, italianas, que negaron a miles la posibilidad de cuidados sociales, educativos, médicos. Y esto deriva en niños que lustran zapatos o venden caramelitos o limpian vidrios en el centro o en cualquier esquina de Asunción. Son los puntos conclusivos de esa larga cadena de relaciones, así como lo son Rubén Villalba, Luis Olmedo, Néstor Castro, Arnaldo Quintana, Lucía Agüero, Fani Olmedo, Dolores López, Felipe Benítez Balmori, Juan Carlos Tillería, Adalberto Castro y Alcides Ramírez, condenados por la injusticia paraguaya. Como lo es Raquel, la adolescente finalmente sobreseída pese a la persistente persecución fiscal. Todos estos hechos tienen una primera acción que se sitúa en el despojo campesino de la tierra por el Estado y por los poderes fácticos vinculados con las semillas transgénicas y con Curuguaty. Curuguaty es hablar de subjetividades que han sido silenciadas por el Estado paraguayo, como muchas otras: como las personas desaparecidas de la dictadura, cuyos cuerpos apenas ahora están siendo identificados. Escribir sobre y hablar de estas personas hoy condenadas, compañeras, no en un emprendimiento humanista: es un imperativo ético. Los años de tortura judicial y cárcel, más una sentencia injusta, nos dan una conciencia dolorosa de lo político. ¿Por qué? Porque esas subjetividades resumen con su propia experiencia una lucha desesperada –económica, cultural, corporal– en contra de estructuras sociales que todos los días condenan a latinoamericanos (y a gente ciudadana de otras latitudes también) a desesperaciones a menudo muy parecidas. Porque Curuguaty ha pasado mil veces y sigue pasando, no solo en el Paraguay.

 

NOTAS:

1 El proceso jurídico ha estado lleno de irregularidades, manejo indebido u ocultamiento de pruebas, contradicciones y afirmaciones sin sustento. Solo se investigó la muerte de los policías, no la de los campesinos. Al respecto, pueden ser revisadas varias investigaciones (PEICC, 2012; Codehupy, 2012) y artículos de análisis y seguimiento del caso, como los publicados por Carbone y Soto en 2014 y 2016.

2 En referencia a las tierras de Marina Kue, sobre las que pesaba una histórica disputa, la CSJ se abstuvo de dar una respuesta que podría haber favorecido la situación de los campesinos si se ratificaba la titularidad del Estado paraguayo sobre ellas. Sin embargo, al no haber esta respuesta, se consolidaron dos absurdos: (1) la condena por “invasión de inmueble ajeno” (entre otros cargos) y (2) la “donación”, aceptada por ley en 2015, de esas tierras por la empresa Campos Morombi –una de las partes en disputa– al propio Estado.

3 En septiembre de 2017 fue formalizada una propuesta de oposición para las elecciones generales de abril de 2018, bajo el nombre de Gran Alianza Nacional Renovada (Ganar), postulando a la presidencia de la República al liberal Efraín Alegre y a la vicepresidencia a Leo Rubín, por el Frente Guasu. La fórmula recibe el apoyo de una gran diversidad de partidos y movimientos de oposición, si bien las listas de candidaturas parlamentarias no han sido consensuadas. 4 Este apartado retoma y desarrolla de manera reformulada lo expuesto por lxs autorxs en el prólogo de del libro Curuguaty. De masacres, juicios y sentencias (Carbone y Soto, 2016: 9-17), así como en varios de los artículos allí compilados.

Bibliografía

Carbone, Rocco y Clyde Soto (2016), Curuguaty. De masacres, juicios y sentencias, Buenos Aires / Asunción: El 8vo. Loco / Centro de Documentación y Estudios (CDE).

Carbone, Rocco y Clyde Soto [eds.] (2014), Curuguaty: pueblo mba’e, Asunción: Arandurã.

Codehupy – Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (2012), Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue, Asunción, Codehupy.

Fiske, John (1989), Reading the Popular, Boston, Unwin and Hyman. PEICC – Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (2012), Informe Masacre de Curuguaty, Asunción: PEIC. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/110616439/Informe-Curuguaty-PEICC#scribd

Wexell Severo, Leonardo (2016), Curuguaty. Carnificina para um golpe, São Paulo: Papiro Produções. 

 

Cronología del Caso Curuguaty

15 de junio de 2012, masacre de Marina Kue: En horas de la mañana se produce un allanamiento policial en el asentamiento campesino de Marina Kue, tierras ubicadas en Yvypytã, entonces distrito de Curuguaty –actualmente es un distrito independiente–, departamento de Canindeyú, situado al noreste de la región oriental de Paraguay. El operativo deriva en un tiroteo en el que mueren 11 campesinos y 6 policías. Los campesinos muertos son: Avelino Espínola Díaz, Andrés Rivero García, Delfín Duarte, Francisco Ayala, Arnaldo Ruíz Díaz, Ricardo Frutos Lara, De los Santos Agüero, Adolfo Castro Benítez, Fermín Paredes González, Luis Agustín Paredes González y Luciano Ortega. Los policías fallecidos son el subcomisario Erven Lovera Ortiz, Osvaldo Aníbal Sánchez, Jorge Arturo Rojas, Wilson David Cantero González, Derlis Ramón Bení- tez Sosa y Juan Gabriel Godoy Martínez. Unos 60 campesinos y campesinas estaban en el asentamiento, en tanto que los policías, según informaciones posteriores, eran más de 300, pertenecientes a cuerpos de élite. Las versiones oficiales y mediáticas iniciales sostienen que los campesinos iniciaron el enfrentamiento; sin embargo, testimonios y otros elementos señalan una emboscada donde tanto policías como campesinos resultaron víctimas. Varios de los campesinos fueron ejecutados a quemarropa, estando ya heridos. El episodio nunca fue debidamente investigado ni aclarado. Las tierras donde ocurrió la masacre pertenecían al Estado paraguayo, pero estaban siendo disputadas por Campos Morombí, una empresa privada perteneciente a un importante caudillo del Partido Colorado, Blas N. Riquelme, quien falleció pocos meses después de los hechos de Marina Kue, precisamente el domingo 2 de setiembre de 2012, en la ciudad de Asunción.

Junio de 2012, imputaciones masivas: El apresamiento y la imputación de campesinas y campesinos comienza al día siguiente de la masacre, y prosigue a lo largo del mes de junio e incluso en los meses siguientes. Para diciembre de 2012, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) informaba de un total de 63 personas, todas campesinas/os de la zona y de escasos recursos, que fueron imputadas por la Fiscalía a causa de la masacre. De ellas, 12 fueron apresadas. La Fiscalía tomó como base para esta imputación masiva los nombres anotados en un cuaderno, de campesinos aspirantes a la obtención de tierras, que ni siquiera necesariamente se encontraban en el lugar de la masacre. Este cuaderno luego desapareció de entre las supuestas pruebas fiscales (la misma Fiscalía declaró que se perdió al caer a un arroyo). Además, el fiscal ocultó una importante cantidad de casquillos de armamento automático, que puede verse en un video le fueron entregados de manera personal, pero nunca aparecieron como evidencias en la investigación y posterior juicio. También desaparecieron las grabaciones del hecho, hechas desde un helicóptero.

22 de junio de 2012, golpe parlamentario: El Congreso del Paraguay destituye al presidente Fernando Lugo (electo para el periodo 2008-2013) luego de un juicio político que dura dos días, sin que pudiera ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Una de las causas alegadas fue la masacre de Marina Kue, pero el libelo acusatorio refiere otras cuatro causales, imprecisas y de base falsa y tinte ideoló- gico. Estas circunstancias derivan en la calificación del evento político como un golpe parlamentario. Asume la presidencia del Paraguay, acto precedido de una represión de la Policía Nacional sobre manifestantes antigolpe en la Plaza de Armas, el hasta entonces vicepresidente Federico Franco, quien completa el periodo hasta agosto de 2013.

25 de septiembre / 23 de noviembre de 2012, primera huelga de hambre: Cuatro de los campesinos procesados por la matan za realizan una huelga de hambre extrema, de 60 días, al cabo de la cual obtienen la prisión domiciliaria Lucía Agüero, Juan Carlos Tillería, Luis Olmedo y Alcides Ramírez.

2 de octubre de 2012, presentación de informe independiente sobre la masacre de Marina Kue: La Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) presenta un informe detallado con los resultados de una investigación independiente, que aporta serios cuestionamientos a las versiones oficiales sobre lo ocurrido en Curuguaty e indicios sobre ejecuciones de los campesinos muertos, así como de numerosas arbitrariedades.

Octubre de 2012, se conforma la Articulación x Curuguaty: Partiendo del encuentro en diversas acciones conjuntas, de solidaridad y movilizaciones, se constituye un espacio de confluencia de organizaciones y activistas sociales para apoyar la consecución de justicia para el caso Curuguaty. Este espacio actuó colectivamente hasta la finalización del juicio en primera instancia, en julio de 2016.

1 de diciembre de 2012, asesinato de Vidal Vega: Dos sicarios asesinan a balazos frente a su casa al dirigente campesino Vidal Vega, secretario de la Comisión Sin Tierra Naranjaty, integrada por campesinas y campesinos de Marina Kue, y testigo clave de la masacre de Curuguaty. Vidal Vega archivaba los documentos de trámites realizados por esta comisión ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). El asesinato quedó impune 

4 de diciembre de 2012, CIDH se pronuncia ante el asesinato de Vidal Vega: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del defensor de derechos humanos Vida Vega y recuerda al Estado paraguayo su obligación de “investigar de oficio hechos de esta naturaleza, esclarecerlos judicialmente y sancionar a los responsables materiales e intelectuales”.1

21 de diciembre de 2012, Codehupy presenta investigación independiente: la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presenta el libro Informe de derechos humanos sobre la masacre de Marina Kue, con una investigación que abarca la situación de las tierras en conflicto, el proceso judicial, testimonios sobre lo ocurrido, la información aparecida en prensa y las numerosas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del caso Curuguaty.

25 de enero / 20 de marzo de 2013, segunda huelga de hambre: Rubén Villalba y Néstor Castro realizan una huelga de hambre, el primero por 55 días y el segundo por 52 días, la que fue levantada cuando se otorgó prisión domiciliaria a dos de las acusadas que guardaban reclusión pese a estar embarazadas, Fany Olmedo y Dolores López.

22 de febrero de 2013, primera condena del caso Curuguaty: Condenan a uno de los adolescentes procesados por el caso Curuguaty luego de un procedimiento abreviado (factible en el sistema penal paraguayo si la persona acusada acepta su culpabilidad). La condena se dio con suspensión a prueba de la ejecución de condena; es decir, exonerándolo del cumplimiento de prisión bajo determinadas condiciones. Esto representa un uso perverso del sistema penal, pues es común en Paraguay que las personas procesadas prefieran asumir su culpa que someterse a un proceso extenso, frecuentemente bajo riesgo de pérdida de libertad. El caso de este adolescente sentó un precedente nefasto para el caso Curuguaty, por la supuesta culpabilidad asumida por el acusado.

15 de marzo de 2013, caso Curuguaty en Audiencia ante la CIDH: La audiencia “Situación general de los derechos humanos en Paraguay” se realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 147º periodo de sesiones, en respuesta a la solicitud de varias organizaciones sociales de derechos humanos del país. Las organizaciones presentaron información sobre el caso Curuguaty, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales, la manifiesta parcialidad de la Fiscalía y de juzgado, la condena a uno de los adolescentes imputados y la situación de dos de las mujeres procesadas, privadas de libertad y en avanzado estado de embarazo.

19 de marzo de 2013, dos mujeres procesadas obtienen prisión domiciliaria: Luego de numerosos pedidos y manifestaciones de organizaciones de derechos humanos y de la fianza personas firmada por 18 ciudadanas y ciudadanos y los abogados del caso Curuguaty, la jueza Janine Ríos otorgó arresto domiciliario a Fany Olmedo y Dolores López, en cumplimiento de lo dispuesto por el Código Procesal Penal, que prohíbe la aplicación de prisión preventiva en casos de mujeres en los últimos meses de embarazo.

29 de abril de 2013, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresa preocupación sobre caso Curuguaty: El comité que examina el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos emitió sus Observaciones Finales sobre el tercer informe periódico de Paraguay, aprobadas en el 107º período de sesiones realizado del 11 al 28 de marzo de 2013 en Ginebra, prestando una especial atención al caso Curuguaty: El Comité está preocupado por las alegaciones de importantes irregularidades en el accionar del Ministerio Público, la judicatura, y las fuerzas de seguridad con ocasión del allanamiento en Curuguaty en junio del 2012. En particular, el Comité está preocupado por la información recibida que demuestra falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación desarrollados (art. 6, 7, 14). El Estado parte debe asegurar la investigación inmediata, independiente e imparcial de la muerte de 17 personas con ocasión del alla namiento de Curuguaty el 15 de junio de 2012, así como de todos los hechos vinculados que han sido denunciados por las víctimas, en particular torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones del debido proceso, incluyendo en el caso del adolescente condenado y de las dos mujeres en avanzado estado de gestación que encuentran en prisión preventiva (CCPR/C/PRY/3, párr. 23)

14 de febrero / 14 de abril de 2014, tercera huelga de hambre: Los campesinos Rubén Villalba, Néstor Castro, Adalberto Castro, Felipe Benítez Balmori y Arnaldo Quintana realizan una huelga de 58 días, tras lo cual obtienen el arresto domiciliario. Los campesinos son excarcelados y trasladados a Curuguaty, pero al llegar a la localidad las autoridades judiciales informan a Rubén Villalba que debe volver a la Asunción y guardar prisión a causa de otro proceso judicial que se le seguía por el caso Pindó, es decir, por un caso de 2008 que había acontecido en esa localidad, en el mismo departamento de Canindeyú. Ahí un grupo de campesinos, entre los que estaba Villalba, resistió a las fumigaciones de un sojal, y fue imputado por supuesta invasión de inmueble, coacción y privación de libertad. A Rubén luego lo condenaron a siete años de cárcel por este proceso.

23 de marzo de 2014, petición ante la CIDH: La Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) presenta una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) (P-1950-14) relativa a la situación de Rubén Villalba y otros en el caso Curuguaty. El escrito hace referencia a las violaciones al debido proceso y a la denegación de acceso a la justicia para las campesinas y los campesinos de Curuguaty.

24 de abril de 2014, inicia la campaña “Jóvenes sin tierra = Tierra sin futuro”: Esta iniciativa fue impulsada por Oxfam y la Articulación x Curuguaty, en demanda de la obtención de tierras para jóvenes pobladores de Marina Kue.

1 de octubre / 12 de octubre de 2014, cuarta huelga de hambre: Rubén Villalba realiza su tercera huelga de hambre, la cuarta en el marco del caso Curuguaty, luego de cumplir más de dos años de prisión preventiva, en reclamo de tres emergentes relacionados con la masacre de Marina Kue: la prisión domiciliaria, la nulidad del proceso judicial y la recuperación de las tierras en disputa con Campos Morombí. Se trata de la huelga más corta, que se interrumpió el día 12 de octubre por los pronunciados problemas de salud de Villalba.

31 de octubre de 2014, denuncias sobre violencia contra campesinos en Paraguay ante la CIDH: En una audiencia temática llamada “Denuncias sobre violencia contra campesinos en Paraguay”, solicitada por organizaciones de la sociedad civil paraguaya y realizada durante el 153º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se escucharon testimonios referentes al caso Curuguaty. Entre otros, participó Martina Paredes, quien perdió a dos hermanos en la masacre de Marina Kue. La Comisión instó al Estado a que investigue los casos y expresó su preocupación por el mensaje de impunidad que deja esta situación.

4 de junio de 2015, lanzamiento de la campaña “Somos observadores de Curuguaty”: Se trata de una iniciativa ciudadana para la vigilancia independiente del juicio oral y público del caso Curuguaty, cuyo inicio estaba próximo. Desde la campaña se alentaba a la ciudadanía a expresar apoyo a través de carteles y manifestaciones creativas, asistiendo a las sesiones del juicio y compartiendo información.

27 de junio de 2015, reocupación de Marina Kue: Un grupo de campesinas y campesinos, familiares y sobrevivientes de la masacre de Marina Kue, ingresa nuevamente a las tierras y establecen un asentamiento donde ocurrió la masacre.

27 de julio de 2015, inicio del juicio al caso Curuguaty: Se inicia en Asunción el juicio oral y público a 12 de las campesinas y los campesinos procesados por el caso Curuguaty. Rubén Villalba, Luis Olmedo, Néstor Castro, Arnaldo Quintana, Lucía Agüero, Fany Olmedo, Dolores López, Adalberto Castro, Felipe Benítez Balmori, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez y Felipe Nery Urbina. Este último es trasladado a un juicio separado en el transcurso del juzgamiento. El conjunto de campesinas y campesinos bajo proceso renuncia durante el primer día del juicio a la defensa ejercida hasta entonces por los abogados Vicente Morales y Guillermo Ferreiro. Se reconstituye enteramente el equipo de la defensa y, luego de varias suspensiones, prosigue el juicio durante casi un año.

23 de octubre de 2015, caso Curuguaty en Audiencia temática ante la CIDH: En el marco del 156º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se realiza la Audiencia Temática “Criminalización a mujeres defensoras de los territorios y del medio ambiente en las Américas”. Integrantes de organizaciones sociales de Paraguay y de la Comisión de Mujeres Víctimas de la Masacre de Curuguaty presentan un informe sobre la situación de las mujeres víctimas de la masacre de 2012, en especial de las procesadas Lucía Agüero, Dolores López, Fany Olmedo y Raquel, adolescente en el momento de los hechos, así como de otras mujeres procesadas por acciones posteriores a la masacre, integrantes de la Comisión Sin Tierra Naranjaty y de la Comisión de Familiares de las Víctimas de Marina Kue.

1 de diciembre de 2015, tierras de Marina Kue aceptadas en “donación”: Entra en vigencia la ley Nº 5530, sancionada por el Congreso y luego promulgada por el Ejecutivo, por la cual el Estado paraguayo acepta la donación de las tierras de Marina Kue por parte de la empresa privada Campos Morombí, a fin de establecer una reserva natural. Esto sucede pese a que aún estaba vigente el litigio sobre las tierras entre el Estado paraguayo y la mencionada empresa, y aun cuando los campesinos siguen reclamando sus derechos sobre esas tierras. De esta manera se suman más irregularidades y el enredo en torno al caso va en aumento.

12 de abril de 2016, caso Curuguaty entre las recomendaciones del EPU: El Paraguay fue examinado por segunda vez ante el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 20 de enero de 2016. El 12 de abril se da a conocer el informe del examen, con las recomendaciones formuladas por diversos países, entre ellas la de Alemania: “102.120 Velar por que se lleven a cabo investigaciones imparciales e independientes y procesos penales de conformidad con la legislación vigente, en particular en casos como los acontecimientos ocurridos en Marina Cué en Curuguaty en junio de 2012, a fin de esclarecer las denuncias y enjuiciar a los autores” y la de Estados Unidos “104.1 Establecer una comisión independiente para investigar todas las denuncias verosí- miles de violaciones de los derechos humanos relacionadas con las medidas de aplicación de la ley adoptadas en 2012 en Marina Cué” (A/HRC/32/9). Paraguay se comprometió a dar cuenta del cumplimiento de esta última recomendación a más tardar en junio de 2016.

18 de abril de 2016, lanzamiento de la campaña “Absolución ya”: Organizaciones ciudadanas, familiares y personas amigas de campesinas y campesinos víctimas y sobrevivientes del caso Curuguaty presentan una campaña para exigir la absolución de campesinas y campesinos procesados por la masacre de Marina Kue. Luego de la condena, la campaña pasó a denominarse “Nulidad ya”, en demanda de la anulación del proceso y el sobreseimiento de las personas condenadas.

4 de julio de 2016, Carpa de la Resistencia: Una semana antes de la conclusión del juicio al caso Curuguaty, familiares y activistas realizan una manifestación frente al Palacio de Justicia en demanda de absolución para las campesinas y los campesinos procesados y levantan una carpa para esperar que se haga justicia, denominada Carpa de la Resistencia. Cinco mujeres se encadenan a las rejas de la Plaza de la Justicia como señal de protesta. La carpa permanece en ese lugar hasta el momento en que se escribe esta cronología, convocándose en el sitio a diversas actividades para proseguir con la exigencia de nulidad del proceso y libertad para campesinos y campesinas que siguen en la cárcel o bajo prisión domiciliaria.

11 y 18 de julio de 2016, lectura de la sentencia del caso Curuguaty: El tribunal de sentencia, compuesto por los jueces Ramón Zelaya, Benito González y Manuel Silvero condena a once de las campesinas y los campesinos procesados por el caso Curuguaty a penas privativas de libertad de entre 4 y 30 años. La lectura se lleva a cabo en la explanada del Poder Judicial, seguida por numerosos manifestantes. Son condenados Rubén Villalba con 30 años más 5 como medida de seguridad (es decir, 35 años en total), Luis Olmedo con 20 años, Néstor Castro y Arnaldo Quintana con 18 años, Lucía Agüero, Fany Olmedo y Dolores López con 6 años, Adalberto Castro, Felipe Bení- tez Balmori, Juan Carlos Tillería y Alcides Ramírez con 4 años. A las mujeres se les otorga prisión domiciliaria, en tanto que los hombres condenados a 4 años quedan libres por haber compurgado la pena.

20 de julio de 2016, Naciones Unidas expresa preocupación por la sentencia: El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein expresa su preocupación por la sentencia del caso Curuguaty:

La condena de 11 campesinos en el caso Curuguaty luego de un juicio que se señala de no haber respetado garantías procesales es muy preocupante. En los últimos cuatro años, varios mecanismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han advertido sobre graves irregularidades en la investigación, incluidas denuncias de violaciones del debido proceso y al derecho a la defensa2 .

29 de julio de 2016, CIDH pide informe a Paraguay: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita información a Paraguay con relación a la petición (P-1950-14) presentada en 2014 por la PEICC en referencia al caso Curuguaty, con un plazo de tres meses para recibir la respuesta. Con este pedido el organismo de derechos humanos prosigue con la labor de recabar información pertinente previa a la decisión sobre admisibilidad de un caso.

Agosto de 2016, se crea comisión de investigación del caso Curuguaty: El Senado paraguayo aprueba la conformación de una comisión de investigación independiente para el caso Curuguaty, en respuesta a una de las recomendaciones resultado del EPU, que fue formulada por Estados Unidos. En octubre del mismo año, el entonces presidente del Congreso, Robert Acevedo, se reunión con familiares y víctimas de Marina Kue para informarles del inicio de las labores de dicha comisión, integrada por los abogados Diego Bertolucci, Soledad Ávalos y César Giménez. 

17 de noviembre de 2016, nulidad de procedimiento y sobreseimiento de adolescente procesada: El tribunal que juzga el caso de Raquel, menor de edad en el momento de la masacre, declara nulo el procedimiento y sobresee definitivamente a la acusada, debido a la falta de cumplimiento de diligencias obligadas en los procesos penales seguidos a adolescentes. La fiscalía apela esta decisión judicial.

20 de diciembre de 2016, contestación de Paraguay a la CIDH: Luego de haber pedido una prórroga al plazo de inicial de tres meses, y con retraso en relación con el nuevo plazo, el Estado paraguayo entrega su respuesta a la solicitud de información realizada por la CIDH en julio de 2016. La posición del Estado es que aún no se han agotado los recursos internos y no están dados los presupuestos para las excepciones establecidas por el procedimiento de admisiones de casos a ser tramitados en esta instancia del sistema internacional de derechos humanos.

29 de mayo de 2017, confirmación de la sentencia: La Cámara de Apelaciones de Salto del Guairá, integrada por Carlos Domínguez, Belén Agüero y Narciso Ferreira, confirma la sentencia del caso Curuguaty. Con esto, solo queda ya recurrir a la Corte Suprema de Justicia del Paraguay.

15 de junio de 2017, recurso de casación en contra de la sentencia: A cinco años de la masacre de Curuguaty, la defensa de las y los campesinos condenados por el caso presenta un recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la sentencia de primera instancia (11 de julio de 2017) y del fallo que confirma dicha sentencia (29 de mayo de 2017), para intentar anular la condena de los once campesinos y campesinas. Se trata de la última oportunidad para revertir la injusta condena en las instancias judiciales del Paraguay.

5 de septiembre de 2017, Comité de Naciones Unidas contra la Tortura se manifiesta sobre el caso Curuguaty: El Comité contra la Tortura, que examina el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, examinó el séptimo informe periódico de Paraguay en su 61er período de sesiones, realizado del 24 de julio al 11 de agosto de 2017. Con relación al caso Curuguaty, este Comité expresó lo siguiente:

22. El Comité toma nota de la posición manifestada en el informe del Estado parte de que los agentes policiales que intervinieron en el desalojo policial del 15 de junio de 2012 en Curuguaty, en el que 11 campesinos y 6 policías perdieron la vida, actuaron en legítima defensa. Sin embargo, el Comité considera preocupante que ninguno de estos agentes haya sido formalmente investigado sobre la necesidad y proporcionalidad del uso de armas de fuego durante el desalojo, mientras que los campesinos acusados han sido condenados en julio de 2016 a penas de entre 4 y 30 años. El Comité nota asimismo con preocupación las irregularidades denunciadas durante el proceso judicial, así como la falta de investigación de alegaciones de que varios campesinos habrían sido sujetos a actos de tortura y otras violaciones (arts. 2, 12, 14 y 16). 23. El Comité insta al Estado parte a que: a) Un órgano independiente investigue de manera efectiva, exhaustiva e imparcial las alegaciones de uso desproporcionado de la fuerza letal, tortura y otros malos tratos cometidos presuntamente por agentes estatales durante el allanamiento ocurrido el 15 de junio de 2012 en Curuguaty, así como las presuntas violaciones al debido proceso durante los procesos judiciales llevados a cabo hasta el momento, tal y como el Estado parte aceptó durante el examen periódico universal (véase A/HRC/32/9, párrs. 102.120 y 104.1 y A/ HRC/32/9/Add.1, párrs. 27 y 28); b) Se enjuicie a los autores y, de ser declarados culpables, se les sancione y se ofrezca una reparación a las víctimas y a sus familias y se proteja en todo momento a las víctimas, sus familiares y a los testigos contra posibles represalias (CAT/C/PRY/CO/7).

7 de octubre de 2017, noticias sobre el informe de la comisión de investigación del Senado: Si bien no fue difundido oficialmente el informe encargado a la comisión de investigación creada un año antes, medios de prensa informan haber tenido acceso al contenido, que ratificaría las denuncias realizadas por familiares, víctimas y organizaciones sociales con relación a las irregularidades y deficiencias de la investigación y el proceso relativo al caso Curuguaty3 .

 

22 de noviembre de 2017, Comité CEDAW, de Naciones Unidas, expresa preocupación por injusta condena de mujeres en el caso Curuguaty: El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), emite sus Observaciones Finales en referencia al séptimo informe periódico del Paraguay, que fue examinado el 26 de octubre de 2017 en Ginebra, durante el 68º periodo de sesiones del órgano de derechos humanos. En dicha ocasión, organizaciones de la sociedad civil denunciaron la injusta condena que pesa sobre tres mujeres, acusadas de estar en el lugar de la matanza para supuestamente “crear un clima de confianza” entre los policías. El Comité CEDAW expresa su preocupación por “las denuncias de prácticas abusivas por parte del personal de seguridad y de las fuerzas del orden contra las mujeres indígenas y rurales, como por ejemplo la detención de mujeres presentes en la masacre de Curuguaty en 2012, pese a la falta de pruebas sobre su participación efectiva” (CEDAW/C/PRY/CO/7, párr. 28). Recomienda al Estado paraguayo que actúe de conformidad con los compromisos contraídos durante el segundo ciclo del Examen Periódico Universal, que luche contra la impunidad velando por una investigación oportuna, exhaustiva y transparente, señalando especialmente los casos de mujeres indígenas y rurales que se convierten en víctimas de violaciones y abusos contra los derechos humanos. Solicita además al Estado que enjuicie a los autores de tales actos, incluyendo a funcionarios del Estado y que vele por que las víctimas tengan acceso a una reparación efectiva (CEDAW/C/PRY/CO/7, párr. 29).

7 de diciembre de 2017, se constituye el Tribunal que estudiará el recurso de casación: Luego de casi seis meses de haberse presentado el recurso extraordinario de casación se conforma el tribunal que estudiará y resolverá el caso, integrado por la ministra de la Corte Suprema de Justicia Alicia Pucheta y los camaristas Cristóbal Sánchez y Emiliano Rolón Fernández. El retraso en la constitución del tribunal se debió a más de veinte sucesivas inhibiciones de los posibles integrantes.

Diciembre de 2017, corrupción judicial en evidencia: Un conjunto de audios filtrados y difundidos a través de medios de comunicación ponen en evidencia la trama de corrupción judicial imperante en Paraguay, involucrando a diversas autoridades estatales, en el Senado, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la Fiscalía y otras instancias. En los audios se desvela la forma en que opera el tráfico de influencias y la presión sobre diversos agentes del sistema judicial. Uno de los supuestos protagonistas de dichos audios es el abogado Carmelo Caballero, quien poco después del golpe parlamentario de junio de 2012 asumió como ministro del Interior. Guillermo Ferreiro, quien actuó como uno de los abogados del caso hasta julio de 2015, señaló a Caballero como responsable de la desaparición de las grabaciones de video del caso Curuguaty:

Cuando ocurre lo de Curuguaty y Lugo era todavía presidente, tres días después Humberto Rubín le hace una entrevista al comisario Roque Fleitas, que era el jefe de la división aérea y naval, y él le dijo que la masacre quedó grabada y que iban a entregar a la Justicia. Asume Caballero, desaparecen y no se habla más de esas filmaciones. Cuando nosotros tomamos la defensa, solicitamos la entrega de esas filmaciones y jamás nos dieron. Pedimos en el 2013. Hubo 17 homicidios. El marco de impunidad es absoluto4 .

27 de diciembre de 2017, confirmación de nulidad y sobreseimiento de adolescente procesada: La Cámara de Apelaciones de Canindeyú confirmó la nulidad del proceso seguido a la joven Raquel, quien era adolescente cuando los hechos de Marina Kue, así como su sobreseimiento definitivo. Dicha sentencia fue emitida en noviembre de 2016 por el tribunal de primera instancia, pero había sido apelada por la Fiscalía. Hasta el 7 de marzo de 2018 el tribunal que estudia el recurso de casación no emitió su fallo.

Notas

1 CIDH, “CIDH condena asesinato de defensor de derechos humanos en Paraguay”, 4 de diciembre de 2012, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ prensa/comunicados/2012/141.asp, última consulta 4 de marzo de 2018.

2 Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado, “Zeid ‘profundamente preocupado’ por la sentencia en el caso Curuguaty”, 20 de julio de 2016, disponible en: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20289&L..., última consulta: 31 de julio de 2017.

3 Radio Ñandutí, “Lapidario informe de la Comisión Especial del Congreso sobre el Caso Curuguaty”, 7 de octubre de 2017, disponible en: http://www.nanduti.com.py/2017/10/07/lapidario-informe-de-la-comision-es..., última consulta: 3 de marzo de 2018.

4 La Unión R800AM, “‘Carmelo Caballero eliminó las pruebas de la masacre de Curuguaty’, acusa abogado”, 26 de diciembre de 2017, disponible en: http:// launion.com.py/carmelo-caballero-elimino-las-pruebas-de-la-masacre-de-curuguaty-acusa-abogado-73951.html, última consulta: 28 de febrero de 2018.

5 Además de las fuentes escritas y que componen esta bibliografía, sobre el caso Curuguaty se produjo también una serie de materiales audiovisuales. Por otra parte, por lo que concierne a la confección de esta cronología se consultó una cantidad notable de fuentes periodísticas que está disponible en Internet. Ese material no queda citado aquí porque este texto está pensado como una herramienta menos académica que militante.

 

Bibliografía sobre el caso5

Articulación por Curuguaty (2016), Sistematización de la experiencia de la Articulación por Curuguaty, Asunción: Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ PY).

Benegas Vidallet, Julio (2013), La masacre de Curuguaty. Golpe sicario en Paraguay, Asunción: Arandurã.

Bogado Bordón, Catalo (2015), Camino a Curuguaty. Anotaciones de un corresponsal desaparecido, Asunción: Servilibro.

 

Carbone, Rocco y Clyde Soto (2016), Curuguaty. De masacres, juicios y sentencias, Buenos Aires / Asunción: El 8vo. Loco / Centro de Documentación y Estudios (CDE).

Carbone, Rocco y Clyde Soto [eds.] (2014), Curuguaty: pueblo mba’e, Asunción: Arandurã. 

CODEHUPY/Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (2012), Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue, Asunción: Codehupy.

Enríquez Gamón, Efraín (2016), La tragedia de Curuguaty. La lucha por la tierra en el Paraguay, Asunción: Arandurã

FIAN Internacional y La Vía Campesina (2014), Conflictos agrarios y criminalización de campesinos y campesinas en Paraguay: el caso Marina Kue y la masacre de Curuguaty, (Serie Tierra y Soberanía en las Américas, No. 6) Oakland, CA: Food First/Institute for Food and Development Policy y Transnational Institute.

Fogel, Ramón (2013), Las tierras de Ñacunday, Marina Kue y otras calamidades, Asunción: Servilibro / Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI)

Giménez Duarte, Francisco (2013), De la masacre en Curuguaty al juicio político. Los últimos 7 días del gobierno de Fernando Lugo. Una reconstrucción e interpretación de los hechos, Asunción: UNASUR. 

PEICC/Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (2012), Informe Masacre de Curuguaty, Asunción: PEIC. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/110616439/Informe-Curuguaty-PEICC#scribd

Wexell Severo, Leonardo (2016), Curuguaty. Carnificina para um golpe, São Paulo: Papiro Produções.

El caso Curuguaty tiene un carácter ejemplar no solo en Paraguay sino en todo el Cono Sur y en la América Latina del siglo XXI, pues dio pie al primer golpe de Estado parlamentario en nuestra región, luego del de Honduras de 2009 y antes del de Brasil de 2016. Masacre y momento de inflexión, pues marcó el comienzo del retorno de la derecha en el sur de América del Sur. Y un país como Paraguay, que parecería ser más parecido al desierto de las teorías, paradójicamente ha colaborado a acuñar una nueva categoría política e intelectual: “golpe a la paraguaya”. ¿Cuál es el sentido filosófico de Curuguaty? Curuguaty siendo un conflicto humano ligado a la tierra, nos recuerda que la tierra pesa, que en Paraguay tiene un color predominante –el rojo–, que esa tierra posibilita el crecimiento de cosas que tienen olores y sabores y colores, que la tierra sirve para hacer cosas con las manos. Curuguaty entonces es la alteridad de la tierra. O, más concreto: la alteridad. Es lo antidigital, lo contrario de eso que ni tiene peso, ni huele y que se opera con deslizar un dedo en una pantalla de un celular, una pad, o una computadora. Curuguaty es la alteridad de la tierra, que sí tiene peso: el peso de la vida y también su negación. Curuguaty al expresar lo antidigital se verifica a sí mismo como lo exacto contrario del capitalismo en su versión siglo XXI: el CEO-liberalismo. Y si lo digital simplifica las relaciones humanas –cuya complejidad excede los 280 caracteres de Twitter, el like de Facebook, la foto con una leve leyenda de Instagram–, Curuguaty, desde Paraguay, nos dice de forma perentoria que hay realidad fuera del capitalismo, que hay una vida negada y otro sujeto social que permite imaginar otra forma de vida, otra sociabilidad, otra política, con tierras, lengua y culturas que aun negadas existen y pelean su derecho a seguir siendo. Esta herramienta intelectual y militante está compuesta de dos partes: un texto de interpretación político-social-cultural sobre Curuguaty y una cronología de los hechos que cubre un arco histórico de 5 años: desde 2012 hasta 2017. Este trabajo tiene varios sentidos que pueden resumirse en uno solo: los peligros que las derechas articulan para los campos populares de la región y la lucha necesaria para los derechos humanos. [R.C.]

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