Honduras: volcando el tablero político

19.08.15

Honduras: volcando el tablero político

A comienzos de mayo del presente año, una denuncia acerca de la utilización de fondos públicos para financiamiento de la campaña electoral del partido gobernante originó un proceso de movilizaciones masivas, que retomaron las formas de politización ciudadana en el contexto del golpe de Estado. Marlon D. Ochoa analiza las causas de este acontecimiento, así como la reconfiguración del grupo de poder consolidado tras 2009.

Los hechos

 El 8 de mayo de 2015, en su programa “Interpretando la Noticia” en Globo TV, David Romero reveló la existencia de cheques de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que habían sido utilizados para la campaña del Partido Nacional (PN). La siguiente semana, en entrevistas a medios importantes, Salvador Nasralla, coordinador del Partido Anticorrupción (PAC), hace eco de las denuncias de David Romero. El PN presenta una querella por difamación contra Salvador Nasralla esa misma semana, la cual, a pesar de ser declarada sin lugar, sirve para posicionar como tema prioritario en la agenda mediática el desfalco del IHSS, por lo que se inicia un ciclo de movilizaciones masivas contra la corrupción y la impunidad, convocadas cada viernes por un grupo de jóvenes denominado “Oposición Indignada”. A pesar de que el nivel de afluencia de estas convocatorias se ha reducido, aún continúan, y han sido, junto a las movilizaciones contra el Golpe de Estado, las más masivas en la historia reciente del país.

 

La historia

Muchas líneas interpretativas han sido las propuestas para entender la reacción de la población ante el desfalco del IHSS. Desde la del gobierno, quien dice que cuanto menos, son marchas controladas por los Partidos de Oposición para desestabilizarlo, pero que ha llegado al extremo de decir que las controla directamente Manuel Zelaya Rosales, coordinador del Partido LIBRE (segunda fuerza de oposición en el Congreso) y expresidente de la República. Hasta la línea de la izquierda del “todo o nada”, quienes si bien han asistido a las movilizaciones, miran con mucho recelo a una población que se moviliza exigiendo demandas, según ellos, cosméticas.

A mi parecer, aún y cuando la reacción ha sido espontánea, hay una acumulación histórica de descontento por la débil institucionalidad estatal, que ha ido creciendo principalmente a partir del golpe de Estado de 2009. El Golpe mismo fue un ejemplo de la endeble institucionalidad estatal, que a partir de ese momento ha sufrido un debilitamiento progresivo. Hoy en día, los niveles de impunidad están en su máximo histórico; según Insight Crime, el 90% de los asesinatos y homicidios no son investigados, y el 96% no tienen sentencia.

Esto no ha sido únicamente por un tema de ineficiencia de los operadores de justicia, como las “organizaciones de sociedad civil” lo han querido narrar, sino que fundamentalmente, de poder. A partir del golpe se ha consolidado el proyecto de Estado de un sector de la clase dominante, y con ellos, el poder del PN. Prueba de ello, fue el golpe técnico que se perpetró en 2012 contra el Poder Judicial a través del Congreso Nacional contra 4 magistrados de la Sala Constitucional del Poder Judicial, que fueron destituidos inconstitucionalmente, a pesar de los muchos reclamos de la oposición. En 2012, el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, presidía el Poder Legislativo.

La consolidación de este proyecto de Estado, como continuación natural del modelo neoliberal, ha promovido la mercantilización de los recursos naturales del país, la quiebra y subsiguiente privatización de instituciones de servicio del Estado y la profundización de la regresividad tributaria a través de exenciones y exoneraciones de las grandes empresas nacionales y transnacionales.

Los esfuerzos de la oposición por detener este proyecto han resultado insuficientes. Aunado al carácter autoritario con que el PN ha gobernado desde 2014, se suma el fraccionamiento del Partido Liberal de Honduras (PLH), de centro-derecha, que en muchas votaciones importantes en el Congreso ha fraccionado el voto, sin el cual el PN no lograría la mayoría simple, y demostrado consigo que a pesar de que sus autoridades promuevan alianzas públicas con la oposición, muchos de sus diputados siguen a merced de los poderes fácticos que históricamente han gobernado el país tras las sombras.

El fraude en las elecciones de 2013, contribuyó también a la agudización del descontento contra la institucionalidad estatal. Fundamentalmente, a través de la compra de votos, el PaN logra obtener una ventaja de alrededor del 8% frente al Partido LIBRE a nivel presidencial. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), integrado por un magistrado del PN, uno del PLH y uno del Partido Democracia Cristiana (DC) –Partido rémora del PN- resolvieron en 2014 en contra de la impugnación al proceso electoral presentada por LIBRE en 2013, en una demostración más del poder absoluto de Juan Orlando Hernández.

La publicación de los cheques del desfalco del IHSS fue nada más la gota que derramo el vaso de acumulación histórica. El Ministerio Público ya se encontraba investigando el caso, pero únicamente había enjuiciado a directivos del IHSS. Desde hacía algún tiempo se venía especulando que había cheques a nombre de partidos políticos, pero aún nadie lo había podido confirmar. Lo que todos sabíamos para ese entonces, es que a pesar de que el Ministerio Público tuviera estos cheques en su poder, no iba a avanzar en la judicialización de los responsables, extremo que se confirmó con la separación de Roberto Ramírez Aldana, el fiscal coordinador del caso, quien fue separado de la investigación y enviado como representante de Honduras ante UNICEF en París, justo cuando la investigación comenzaba a tocarle las barbas al PN.

 

Las piezas y el tablero

Lo fundamental en la actual coyuntura ha sido el reordenamiento de las piezas del tablero. Al inicio del gobierno, había un proyecto de clase consolidado, con apoyo de los sectores oligárquicos más importantes, con el apoyo fundamental de la embajada e incluso con el apoyo del PLH. Sin embargo, el comportamiento dictatorial del partido gobernante lo ha hecho perder muchas alianzas.

El fraccionamiento más sensible para el gobierno ha sido con parte de la oligarquía, con quién se ha visto enfrentado al promover el ascenso económico de un sector de la burguesía que había estado relegado. Esto se ha manifestado con mayor claridad en las tensiones recientes sostenidas con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) por el cobro del 1.5% al Impuesto Sobre la Renta. Esta tensión ha abierto las puertas de algunos medios de comunicación del establishment, principalmente, las del segundo medio de comunicación más visto en Honduras, Televicentro, para hacer críticas abiertamente contra el Partido gobernante.

Se ha visto también una transición en las posiciones de la embajada norteamericana y el departamento de Estado, probablemente después de haber calculado que la presión ejercida por este gobierno contra la ciudadanía, podría disponer a esta última a votar por opciones más radicales y antiimperialistas, como LIBRE.

Otra alianza que se ha debilitado ha sido la del PLH, quien durante todo el primer año de gobierno votó consecuentemente con el PN, sin embargo, en el cambio de legislatura en enero de 2015, se produce un rompimiento, cuando algunos diputados del PLH votan en contra de elevar a rango constitucional la Policía Militar del Orden Público (PMOP), un ejército privado fuera de la línea de mando de las Fuerzas Armadas, que respondería directamente a las órdenes del Presidente de la República.

Más allá de este tablero, la politización de la ciudadanía ha sido acelerada. Ha habido movilizaciones en alrededor de 50 ciudades hondureñas y 30 ciudades en el extranjero. Se ha logrado sumar, aparte de los militantes de los Partidos de Oposición, a un amplio sector independiente.

Todo esto, sin lugar a dudas, reordena las piezas para el PN, que ya ha dejado de controlar la centralidad del tablero. Ante este escenario, se deberá enfrentar ahora a la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a las elecciones internas y generales de 2017. La actual coyuntura podría permitir el paso a una exigencia histórica y necesaria; la independencia del poder judicial. Sin embargo, el PN tiene depositados todos sus esfuerzos por que esto no se logra. Con una CSJ controlada por el PN, poco o ningún margen de maniobra tendría una eventual Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH). De igual manera, si no se aprueban las reformas a la Ley Electoral exigidas por la Oposición, que son; segunda vuelta electoral, depuración del Censo, apertura del TSE para tener magistrados representantes y el voto electrónico, las posibilidades para que algún Partido de oposición tome el poder serán bastante limitadas.

El Partido Nacional ha demostrado que en un régimen antidemocrático como el hondureño, popularidad y poder no son sinónimos, y están en total comodidad como para impedir que las exigencias por la apertura del sistema político se hagan efectivas. Hoy, como en el golpe de Estado, queda claro que a la historia política hondureña le quedan 2 caminos, la perpetuación de un proyecto de clase con ambiciones dictatoriales o el triunfo de la democracia y la pluralidad.

 

Marlon D. Ochoa es hondureño, Licenciado en Relaciones Internacionales con especialización en Ciencias Políticas (UNITEC) y en Metodologías de Investigación Científica (UNAH). Integrante de la Juventud del Partido Libre.