Cría cuervos y te sacaran los ojos

03.09.16

Cría cuervos y te sacaran los ojos

A raíz del asesinato del viceministro Rodolfo Illanes en el contexto de las protestas de sectores mineros, Alejandro Schneider analiza la coyuntura actual boliviana y los entramados político-sociales que derivaron en los acontecimientos recientes. 

El jueves 25 de agosto no fue un día más en Bolivia. Durante esa jornada, falleció el viceministro de Régimen Interior y Policía Rodolfo Illanes producto de los golpes recibidos por los cooperativistas empresarios mineros cuando fue a dialogar como representante del gobierno. Sin embargo, no fue la única muerte ocurrida; durante este conflicto, como resultado de los choques con la policía, ya habían perdido la vida dos cooperativistas. A las pocas horas, algunas de las personas que estaban lesionadas por esos enfrentamientos, también murieron, sumando hasta este momento seis víctimas en total.

Frente a estos luctuosos hechos, es necesario intentar dar una breve explicación de lo sucedido. En primer lugar, hay que subrayar que la extracción de bienes minerales no renovables sigue teniendo un peso central en la estructura económica del país. Por ende, en momento de crisis, con la caída del precio internacional de los minerales, la disputa se hizo más intensa entre los sectores privados y públicos que disputan los yacimientos.

En segundo lugar, estos acontecimientos reflejan una fuerte pelea entre el gobierno y uno de sus principales socios a lo largo de diez años de administración del Movimiento al Socialismo (MAS): los empresarios cooperativistas mineros. Veamos brevemente esta cuestión.

Al respecto, conviene explicar que a diferencia de lo que se puede pensar, el cooperativismo minero en Bolivia no es un sistema solidario. Por el contrario, es un sector capitalista que se desarrolla sobre la base de la explotación de sus trabajadores. Las cooperativas son empresas privadas que buscan denodadamente aumentar su tasa de ganancia sobre la base de un elevado nivel de expoliación laboral de la fuerza de trabajo que contratan.

El sector cooperativista, internamente, no conforma un grupo homogéneo: algunos son empresarios y otros son trabajadores. Detrás del concepto de cooperativas mineras se oculta una compleja realidad en donde se despliega un amplio abanico de situaciones que abarca desde empresas con cerca de treinta miembros hasta otras que emplean a miles de trabajadores. En general, los dirigentes de cooperativas que controlan a las federaciones locales y departamentales se componen de un grupo minoritario de socios que se halla al frente de los órganos de dirección de las cooperativas.

Cada socio explota una parcela contratando a una cuadrilla de trabajadores mineros donde organiza libremente su producción usufructuando un paraje determinado de un yacimiento. De este modo, se conforma una verdadera unidad productiva, donde se trabaja para el beneficio de unos pocos, con una limitada (o casi nula) capacidad de inversión.

En ese sentido, la estructura de casi todas las cooperativas poseen los siguientes niveles: a) los socios cooperativistas, que se diferencian entre sí por el monto de dinero que aportan, incluso, un socio puede poseer varios parajes para su explotación, b) las segundas manos que son trabajadores que se ocupan de explotar los parajes y que parte de lo producido lo entregan al titular del paraje y c) se encuentran los peones, quienes son reclutados por las segundas manos.

En el seno de las cooperativas se emplean a trabajadores con diversos convenios laborales. Si bien imperan los contratos por medio de salarios preestablecidos, también es normal que se pague según la producción obtenida, sin ningún compromiso salarial previo. Como el nivel de producción en cada cooperativa tiene un alto grado aleatorio, se producen fuertes diferencias en su interior: mientras algunos miembros no logran beneficios en varios meses, otros pueden obtener ganancias en forma inmediata. Además de poseer un magro salario, los mineros tienen un empleo inestable. Este fluctúa de acuerdo con los vaivenes en la cotización de los metales en los mercados. La jornada de trabajo, que puede alcanzar hasta dieciséis horas diarias, se efectúa en condiciones altamente precarias: se desarrolla en hábitats donde impera el calor y el frío extremo. El trabajo al interior de la mina requiere un gran esfuerzo físico (la perforación se efectúa con maza y cortafierros); asimismo, cuentan con un equipo básico de protección (el guardatojo y las botas de goma). La insuficiencia de herramientas y maquinarias, junto con la escasez de elementos de seguridad, hace que el empleo en las cooperativas cause numerosos accidentes de trabajo. Si bien en su mayoría los trabajadores al interior de las minas son varones adultos, también en ese circuito productivo se desempeñan mujeres, adolescentes y niños.

Además de las precarias condiciones laborales, la gran mayoría de las cooperativas carecen de ingenios para el procesamiento de minerales: la concentración de los bienes extraídos se realiza en forma manual. A eso se debe añadir la utilización de productos químicos contaminantes -como el xantato, el ácido sulfúrico, el mercurio- que provocan cuantiosos daños en la salud de los trabajadores. Un detalle no menor es que tampoco las cooperativas efectúan tareas de prospección. La mayoría no planifican la labor en los yacimientos lo que conduce a una disputa permanente y desorganizada por la extracción de las mejores vetas. Este sistema conlleva a que se generen mayores riesgos de accidentes laborales por la falta de conocimiento de las propias condiciones de las zonas productoras que, por lo general, son propensas a inundaciones y derrumbes. Por otro lado, por la forma en que se lleva a cabo la extracción, no están disponibles los recursos para paliar los daños ambientales que se generan.

 A pesar de que en la campaña electoral del año 2005 Evo Morales hizo promesas alrededor del renacimiento de la minería estatal bajo la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), sus presidencias se caracterizaron por fortalecer al ámbito privado representado tanto por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) como por la mediana y gran minería en manos de las transnacionales. Lejos de la renacionalización del subsuelo, el principal interés del gobierno fue de continuar con la estrategia capitalista neoliberal de fomento a los contratos de riesgo compartido entre cooperativistas y empresas extranjeras.

En el sistema de explotación que implementan las cooperativas mineras el Estado prácticamente se encuentra ausente en diversos aspectos: desde su nula intervención en las tareas de planificación, prospección y control de las condiciones laborales, hasta en el magro ingreso que recibe vía aporte impositivo a través del Impuesto Complementario a la Minería. En idéntico sentido, los socios de las cooperativas comercializan lo extraído con especuladores y rescatadores de minerales evadiendo las contribuciones fiscales.

En ese sentido, las presidencias del MAS privilegiaron la relación con el sector cooperativista dentro del mundo de la minería. Desde el inicio de su gobierno, Morales les dio un lugar destacado en su alianza política con el objetivo de atraer a este sector porque, al mismo tiempo que representa un voluminoso número de eventuales votantes, se ha convertido también en el gran creador de empleo para los desempleados provenientes de otros ámbitos laborales. Además, creó el cargo de Viceministro de Cooperativas Mineras, en manos de hombres que previamente habían sido autoridades del área. Asimismo, los cooperativistas actuaron como asambleístas durante la Convención Constituyente y, en la actualidad, también se desempeñan como Diputados, Senadores y representantes diplomáticos.

La política favorable hacia los cooperativistas se evidencia no sólo observando las nuevas áreas que adquirieron bajo su gobierno (muchas de ellas alcanzadas tras cortes de rutas, avasallamientos de yacimientos y movilizaciones) sino también en la obtención de ventajas en términos impositivos y en cambios jurídicos que los beneficia frente a otros actores. Los beneficios de este sector, además fueron legitimados primero con la Constitución Política del Estado en el 2009, y luego, con la promulgación de la ley minera de 2014. Sin embargo, hubo un hecho más importante que expresa la solidez de esta alianza: los cooperativistas consiguieron que la administración del MAS no acceda a la principal demanda de los asalariados mineros, como es la nacionalización de los yacimientos y su control por medio de la COMIBOL. Cabe subrayar que todo esto se dio en un escenario signado por la suba de las exportaciones de los bienes del subsuelo, en algunos casos, con la exclusiva participación de los empresarios cooperativistas.

Por otro lado, cabe recordar que consecuencia de la presión de los empresarios cooperativistas sobre el gobierno, y por el poder que tenían dentro del gobierno, fueron responsables de los enfrentamientos sangrientos con los mineros asalariados en Huanuni (2006) y en Colquiri (2012) por la explotación de esos yacimientos.

En síntesis, esta sociedad que funcionó durante diez años, en los últimos meses tendió a quebrarse. Dos fueron los factores inmediatos que precipitaron este resultado. Por un lado, la denuncia de que existen treinta y un contratos suscritos entre cooperativistas y empresas privadas. Transacciones comerciales que el gobierno del MAS conocía de su vigencia; sin embargo, estas nunca habían sido explicitadas en forma pública ni se habían tomado acciones contrarias, para no afectar esos vínculos. Ahora, cuando los precios de los minerales están bajos, los cooperativistas han empezado a subir el tono de sus protestas.

Por el otro lado, la administración de Morales, buscando recomponer los vínculos deteriorados con la Central Obrera Boliviana (COB) tras los despidos sucedidos en la empresa estatal ENATEX, planteó la posibilidad de sindicalizar a los trabajadores de las cooperativas. Sin embargo, como lo aclaró rápidamente el vicepresidente Álvaro García Linera, los empresarios cooperativistas mineros no serían perjudicados por estos cambios en la legislación, privilegio que la patronal han mantenido durante todos estos años, sino que las modificaciones legales estaban dirigidas hacia las empresas cooperativas de servicio (luz eléctrica, telefonía, agua potable).

En ese escenario, se entiende el conflicto iniciado por FENCOMIN el 10 de agosto a través del bloqueo de carreteras de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz en protesta por la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional de las reformas a la Ley General de Cooperativas. A raíz de la falta de solución de ese tema, y en el marco de la promulgación de las modificaciones realizadas el 18 de ese mes, se inició un nuevo corte de rutas donde miles de cooperativistas se enfrentaron contra contingentes de policías que pretendían desbloquear los caminos. A raíz de estos choques, el 24 se informó de la muerte de los mineros Severino Ichota y Fermín Mamani por proyectiles de arma de fuego. Al otros día, el viceministro Illanes, fue secuestrado y torturado en la localidad de Panduro; pocas horas más tarde fallecieron los mineros Rubén Aropaya y Freddy Ambrosio. Finalmente, el 1 de septiembre, murió Pedro Mamani quien estuvo casi una semana internado por la herida de un proyectil de arma de fuego en la cabeza. 

 Lejos de la teoría sobre una eventual conspiración, la responsabilidad de estas seis muertes corresponde a los antiguos aliados -gobierno y empresarios cooperativistas- que están en disputa por la renta minera y que buscan una mejor forma de negociar con las compañías transnacionales del sector. Frente a ello, una posible solución para empezar a cambiar esta grave situación política y económica es retomar uno de los principales puntos de la agenda de octubre de 2003: la nacionalización de los yacimientos en manos de los propios trabajadores asalariados. Además, permitir que todos los trabajadores de las minas puedan sindicalizarse y tener sus derechos laborales al igual que los mineros de las empresas estatales. 

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